El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al presidente de Globalia y director ejecutivo de Air Europa, Juan José Hidalgo, por un presunto fraude en las subvenciones recibidas del Ministerio de Fomento para los billetes de avión de los residentes en Canarias y Baleares.
El empresario prestó declaración el pasado lunes en la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito tipificado en el artículo 308 del Código Penal, que persigue el fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social en una cuantía superior a los 120.000 euros.
La causa, del conocido hasta ahora como el Caso de los Residentes, se encuentra bajo secreto de sumario y todavía en fase de investigación.
Billetes subvencionados
La investigación se basa en el supuesto de que Air Europa haya podido comercializar durante cinco años los billetes subvencionados al 50% por Fomento a un precio menor del que se le comunicaba al Gobierno. De este modo habría obtenido ilícitamente más subvenciones de las que les corresponderían, embolsándose presunta- mente durante la subvención sobre un billete ya rebajado.
El proceso se inició en 2014 tras una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que ya había alertado anteriormente al Ministerio de Fomento de "posibles prácticas fraudulentas". Tras una intensa investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fomento solicitó a Globalia que abonara unos 13,5 millones de euros por "la disparidad de criterio" sobre la bonificación de los billetes aéreos que se ha aplicado a los residentes en Canarias y Baleares desde 2009.
El mismo día que le fue solicitado ese pago, a principios de este mes, la aerolínea abonó el dinero y zanjó así el proceso iniciado por la vía administrativa.
Condena de hasta 5 años
Sin embargo, si la causa iniciada en la Audiencia sigue su curso, el empresario podría enfrentarse a una condena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta seis veces el importe defraudado.
Hidalgo aseguró el lunes que "no sabe nada", porque no se ocupaba de esa materia, por eso el magistrado Velasco podría llamar a declarar a otros directivos que conocen los procesos de fijación de los precios de los billetes.
