El contrato ganado por OHL para construir una plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrasa del AVE a Barcelona no sólo está siendo investigado exhaustivamente por el Tribunal de Cuentas. También ha tenido notables consecuencias económicas para la empresa adjudicataria.
Tras la mala ejecución del tramo por parte de la constructora, Adif inició un proceso legal por las deficiencias encontradas en las obras. Como consecuencia de ello, descontó a la empresa presidida por Juan Miguel Villar Mir aproximadamente 34,2 millones de euros "directamente de la factura de liquidación de las obras". Esta cifra supone la tercera parte de los 107 millones de euros en los que se fijó el contrato original, importe que acabó inflándose hasta los 354,7 millones de euros tras las prórrogas, revisiones de precio y hasta cinco obras de emergencia, como publicó ayer elEconomista.
Recurso desestimado
Una vez que la UTE liderada por OHL perdió la ejecución del tramo, emprendió un tortuoso proceso legal que finalizó en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto por la constructora y sus socios. En ese momento, 20 de junio de 2012, Adif inició un expediente para cuantificar los daños y perjuicios derivados de la ejecución de los trabajos en el tramo del AVE a Barcelona.
Según explican fuentes solventes del Ministerio de Fomento a este periódico, tres meses después, el 24 de septiembre de 2012, finalizó la investigación y se exigió una indemnización de 26,8 millones: 17,2 millones que había adelantado Adif en concepto de gastos y otros 9,5 por obras de emergencia imputales a la UTE liderada por OHL. Además de las indemnizaciones, Adif sumó, no obstante, otros conceptos de diversa índole que elevaron la cuantía a los 34,2 millones de euros definitivos.
Todo este proceso se precipitó tras las dos primeras declaraciones de emergencia de estas obras (a comienzos de 2007), que llevaron al Servicio de Inspección del Ministerio de Fomento a emitir un informe el 8 de noviembre de 2007 en el que señalaba "que el origen de los daños era consecuencia de la ejecución defectuosa de las pantallas del trampo Hospitalet-La Torrasa", responsabilizando así directamente a la constructora de Villar Mir de los sobrecostes generados. El informe elaborado por la Inspección del Ministerio de Fomento detalla que las pruebas de estos defectos eran incluso comprobables a simple vista, ya que "una buena parte de las juntas existentes entre paneles de pantallas, tanto del lado de las vías como del lado de los edificios, presentan una apertura inaceptable, por donde se ha producido la entrada de agua con arrastres de materiales".
Un remedio insuficiente
El problema es que el remedio fue bastante peor que la enfermedad porque para rellenar esos huecos por los que entraba el agua se dañó el túnel del Ferrocarriles de la Generalitat (el sistema de cercanías ferroviarias catalanas), que pasaba cerca de la obra. Ello puso en peligro la explotación de esta línea, lo que obligó a suspender el servicio de la misma el 20 de octubre de 2007 y a paralizar las obras en su totalidad.
Ello generó el caos en las comunicaciones ferroviarias cercanas a Barcelona, pero el objetivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era muy claro: lograr que el 21 de diciembre de ese mismo ejercicio la alta velocidad llegara a Barcelona. Esta fecha no acabó cumpliéndose y se tuvo que retrasar hasta febrero de 2008, justo cuando comenzaba la campaña para las elecciones generales, quedando pendiente para años más tarde el último tramo, que unía la red de alta velocidad con la frontera francesa.
Pero el Servicio de Inspección de Fomento no fue el único que responsabilizó a OHL. Todas estas anomalías se corroboraron además menos de un año después, cuando un informe de la ingeniería de Fomento Ineco (en esos momentos la consultora e ingeniería pública se denominada Ineco-Tifsa) puso también de relieve que los daños producidos tenían su origen en la deficiente ejecución de las obras de OHL. "Existió una relación de causa-efecto evidente entre la entrada de agua a través de las juntas de las pantallas durante la excavación y la aparición de los socavones", señalaba esta firma.
La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto ahora una investigación para esclarecer el caso, que se saldó con un incremento del precio del 230 por ciento. OHL declinó ayer, sin embargo, hacer ningún tipo de valoración al respecto a este periódico.
Tribunal de Cuentas investiga a OHL.
