Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, defendió este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que su gestión al frente del administrador de infraestructuras ferroviarias se guio por criterios técnicos, legales y profesionales, y ha negado que el exasesor ministerial Koldo García influyera en ningún proceso de contratación. "Ninguno de los mensajes del señor Koldo García tuvo efectos en los procesos de contratación de Adif mientras yo fui presidenta", afirma Pardo de Vera en un comunicado emitido tras su declaración judicial, en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.
La exdirectiva sostiene que durante su mandato todos los contratos adjudicados por Adif se resolvieron con "todas las garantías técnicas y legales", y que en los concursos abiertos "siempre resultó adjudicataria la mejor oferta". Añade que su prioridad fue cumplir con los objetivos de transformación estratégica de la compañía, "siempre en el marco de la más estricta legalidad y profesionalidad".
Pardo de Vera ha declarado como imputada por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Ismael Moreno ha ordenado la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del país, medidas que también se han aplicado al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.
El magistrado considera que hay indicios suficientes de que ambos altos cargos pudieron facilitar adjudicaciones irregulares a determinadas empresas, como Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Acciona u OPR, a instancias de Koldo García. Sin embargo, Pardo de Vera ha negado haber favorecido a LIC, una de las constructoras bajo sospecha, y ha explicado que la reclamación que esta empresa presentó por una obra en Elche fue desestimada "en su totalidad" por Adif.
Descarta su intervención
Respecto a una obra de emergencia adjudicada a LIC en diciembre de 2020, por 592.053 euros, ha precisado que no hubo ninguna intervención por su parte para beneficiar a la compañía. "Durante mi mandato se tramitaron del orden de 400 emergencias", señala en el comunicado. Según explica, en estos procedimientos las propuestas partían de los técnicos del territorio correspondiente, pasaban por dos niveles jerárquicos y la Dirección de Mantenimiento, y eran validadas finalmente por el Director General y por ella, como aprobación preceptiva pero no discrecional.
Sobre las conversaciones telefónicas con Koldo García, grabadas por la UCO, en las que él le insistía para adjudicar a LIC nuevas obras, Pardo de Vera ha declarado que no cedió a esas presiones y que sus respuestas deben entenderse dentro del contexto habitual de interlocución entre asesores ministeriales y responsables de empresas públicas. La ex presidenta ha recordado que ella no conocía las ofertas económicas ni tenía capacidad para alterar los resultados de los procesos, que dependían de criterios técnicos objetivos.
No conocía a Jéssica
Otra de las cuestiones abordadas durante la declaración ha sido la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Pardo de Vera ha confirmado que recibió la solicitud del ministro para que la empresa pública Ineco la entrevistara, pero subraya que no participó en el proceso de contratación ni en las entrevistas. "No conocía de nada a esta persona", afirma, y remite al informe de la UCO, que también indica que no existía relación entre ambas.
Según ha explicado, cuando fue informada de que el contrato de Rodríguez en Ineco estaba próximo a su vencimiento, contactó con Ábalos para transmitirle que no procedía su renovación. "Me indicó que lo entendía y di por cerrada la cuestión", asegura. Pardo de Vera ha añadido que desconocía por completo que, tres meses más tarde, Rodríguez fuera contratada por la empresa pública Tragsatec.
Durante su interrogatorio, Pardo de Vera ha sostenido que fue "utilizada" en todo el proceso de contratación de Rodríguez y que la insistencia para mantener su puesto no era habitual. Ha afirmado que no supo de su relación con Ábalos hasta el final del contrato, lo que le generó una situación incómoda y motivó que decidiera cortar cualquier tipo de continuidad laboral. A partir de ese momento, se desentendió del asunto.
El juez, sin embargo, mantiene que Pardo de Vera tuvo una "participación decisiva" en la entrada de Rodríguez en empresas públicas, aunque de momento no ha decretado medidas más severas que la retirada de pasaporte. La ahora asesora de ACS insiste en que su gestión en Adif se desarrolló con "legalidad y profesionalidad", y defiende que su papel se limitaba a aprobar procedimientos tramitados conforme a la normativa vigente.
Herrero apunta a Ábalos
Por su parte, Javier Herrero también ha declarado este lunes y se ha desvinculado de las presuntas irregularidades. Ha declarado que respondía a consultas de Koldo García con información que era pública y que no intervino en adjudicaciones. Según Herrero, esas preguntas respondían al interés del exministro Ábalos por rentabilizar políticamente las obras en campaña electoral.
Pese a estas explicaciones, el juez ha respaldado las tesis de la UCO sobre la existencia de una red de influencias que habría favorecido a determinadas constructoras a través de presiones políticas. Entre los casos más relevantes figuran adjudicaciones por 71,5 millones a Acciona en Sant Feliú de Llobregat, por 92,4 millones en Logroño y por 71,4 millones en el Puente del Centenario en Sevilla.