Madrid
El transporte por carretera en España soporta la mayor carga fiscal del sector y, a pesar de ello, es el que más contribuye netamente a las arcas públicas. Así lo refleja el informe elaborado por el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT de la Universidad Politécnica de Madrid y promovido por la Fundación Corell y la Cátedra Nos Mueves (Alsa-UPM), que actualiza los balances económicos, fiscales, sociales y medioambientales del transporte en España con datos de 2021.
Según el estudio, el 52% del precio de la gasolina y el 48% del gasóleo se corresponde con impuestos, lo que supone una recaudación de más de 13.216 millones de euros anuales por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Este gravamen no se aplica al combustible del transporte ferroviario, marítimo ni aéreo, que dejan de aportar casi 4.100 millones de euros en conjunto. En total, la fiscalidad específica del transporte por carretera supera los 16.500 millones de euros anuales.
A pesar de que la carretera es el modo que más emisiones de CO? genera, los costes medioambientales asociados son muy inferiores a su aportación fiscal neta. Además, mientras que el transporte por carretera recauda cuatro veces más de lo que se invierte en su infraestructura, el ferrocarril no cubre sus costes con las aportaciones que realiza.
El informe denuncia una fiscalidad discriminatoria entre modos de transporte, que penaliza al transporte por carretera y favorece al ferrocarril, el cual recibe 2.681 millones de euros en subvenciones públicas, frente a los 1.834 millones destinados a la carretera, en su mayoría al transporte de viajeros urbanos.
El estudio también anticipa que las nuevas tasas medioambientales impulsadas por la UE, como la extensión del régimen de comercio de derechos de emisión al transporte por carretera y marítimo, aumentarán aún más la presión fiscal sobre estos sectores, con el consiguiente riesgo de encarecimiento del transporte y de la cadena logística. El informe plantea la necesidad de una fiscalidad más equitativa y de decisiones basadas en datos reales. Además, advierte de que si no se corrigen los desequilibrios actuales, se podría comprometer la competitividad del sector logístico español y agravar el impacto sobre el consumidor final.