Airbnb cifra en 5.563 millones de euros el impacto económico del turismo rural vinculado al alquiler de corta duración en 2024. Así lo recoge un estudio elaborado por Afi (Analistas Financieros Internacionales) con datos de fuentes oficiales, que analiza el peso de este modelo turístico en municipios de menos de 10.000 habitantes. Según el informe, más de 13 millones de turistas se alojaron en viviendas de este tipo el pasado año en España, generando un gasto directo que ha beneficiado especialmente al comercio local.
Del total, 3.200 millones de euros se dirigieron a actividades como la restauración, el ocio, la cultura y el comercio minorista. A juicio de Airbnb, estos datos demuestran que el alquiler turístico en entornos rurales no solo facilita el acceso al turismo en zonas sin hoteles, sino que impulsa la economía local con un modelo más flexible y escalable.
El impacto es especialmente visible en los municipios que carecen de oferta hotelera. Según el estudio, más de la mitad de estos pueblos ya cuenta con al menos una vivienda dedicada al alquiler turístico. Esta incorporación ha supuesto un aumento del 14% en el número total de visitantes y un incremento del 36% en turistas internacionales. Además, el estudio asocia este crecimiento con un aumento del 4% en el empleo local vinculado a hostelería y comercio.
Uno de los datos más destacados del análisis es el peso del turismo internacional. Aunque el número de visitantes nacionales y extranjeros alojados en estas viviendas es similar, el gasto de los turistas internacionales triplica al de los residentes: 3.874 millones frente a 1.690 millones de euros. Este diferencial no solo se explica por una mayor estancia media, sino también por una estructura de gasto distinta.
Los visitantes internacionales destinan una parte más relevante de su presupuesto a actividades culturales y de ocio, mientras que los nacionales concentran su consumo en restauración. Esta diferencia es aún más acusada en los municipios más pequeños, donde el turismo extranjero representa una vía de diversificación del gasto y favorece directamente a negocios familiares, autónomos y proyectos vinculados al territorio.
El estudio subraya también el papel del anfitrión como prescriptor. Según los datos recogidos, una parte significativa de los viajeros recibe recomendaciones directas sobre restaurantes, comercios o actividades cercanas, lo que convierte a cada alojamiento en una suerte de oficina de turismo informal. Esta relación directa entre huésped y territorio canaliza el consumo hacia negocios que de otro modo quedarían fuera del radar turístico, reforzando el impacto positivo en la economía local.
A pesar del crecimiento sostenido desde la pandemia, Afi advierte de que los municipios rurales aún tienen margen de mejora para atraer visitantes internacionales. Mientras que los pueblos han registrado un aumento del 78% en turistas extranjeros desde 2021, los municipios no rurales han experimentado un crecimiento del 170%. Esta brecha pone de manifiesto, según los autores del estudio, la necesidad de orientar la demanda internacional hacia territorios rurales y menos saturados.
El informe calcula que, si cada municipio sin alquileres de corta duración incorporara al menos una vivienda de este tipo, se podrían atraer hasta 580.000 turistas adicionales al año. El impacto directo estimado sería de 135 millones de euros adicionales, dirigidos principalmente a comercios y servicios locales.
En cuanto a la presión sobre la vivienda, uno de los argumentos habituales en el debate sobre el alquiler turístico, Afi señala que en los pueblos rurales este modelo representa apenas el 0,6% del parque habitacional. La mayoría de las viviendas destinadas a este uso son segundas residencias o casas rurales rehabilitadas con capacidad media para siete personas, orientadas a grupos y familias. Esto, según el estudio, descarta una presión significativa sobre el acceso a la vivienda permanente.
Por ello, el informe concluye con una serie de recomendaciones para establecer un marco normativo específico para el entorno rural. Entre ellas propone eximir del planeamiento urbanístico habitual a los municipios rurales, facilitar el registro legal de los alojamientos y priorizar este tipo de iniciativas en las ayudas públicas a la digitalización, la sostenibilidad y la promoción del comercio local. La plataforma también defiende que el modelo turístico rural necesita una regulación diferenciada de la urbana, adaptada a su realidad económica, demográfica y territorial.
"El alquiler de corta duración en la España rural permite una reactivación económica gracias al impulso del turismo internacional, que tiene como principal canal un impacto positivo en el gasto turístico en comercios locales", ha afirmado Diego Vizcaíno, socio director del Área de Economía Aplicada de Afi. "Para muchos pueblos, los alquileres de corta duración son una oportunidad para activar redes comerciales, revitalizar economías y dar visibilidad a lo local", añade Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb en España.