El Gobierno mantendrá las autopistas libres de peajes y continuará con su política de descuentos a las radiales y otras vías de pago tras hacer público su rechazo a implantar el pago por uso en la red de carreteras del Estado. Lo hace coincidiendo con la aprobación, el próximo martes en Consejo de Ministros, del nuevo Real Decreto que adapta la normativa española a la Directiva europea que fija los criterios para calcular gravámenes y bonificaciones por el uso de este tipo infraestructuras viarias, que penaliza las emisiones contaminantes.
La Comisión Europea abrió un expediente de infracción a España por no trasponer la reforma de las normas sobre el pago de peajes y viñetas en las carreteras a las carreteras; y le dio dos meses desde diciembre para que cumpliera con la norma bajo amenazas de sanción. Inmediatamente, el Ministerio de Transportes aclaró en el Congreso que la traslación de las normas europeas a la legislación nacional no implicaría crear nuevos peajes ni alterar el sistema tarifario vigente en las autopistas concesionadas.
La decisión de Moncloa supone seguir confrontando con las pretensiones de las concesionarias (la mayor parte de ellas constructoras) que llevan años reclamando la imposición de peajes en las vías de alta capacidad para hacer frente a los crecientes costes de mantenimiento de las infraestructuras.
El Ejecutivo sostiene que la política aplicada desde 2018 se mantendrá sin cambios, lo que ha permitido liberar del pago el 40% de la red de autopistas del Estado. Desde la llegada del PSOE al Gobierno, han pasado a ser gratuitas 1.029 kilómetros de autopistas cuya concesión ha expirado, evitando prórrogas y aplicando un modelo de financiación más equilibrado. Además, se han aplicado bonificaciones en la AP-9, AP-66 y AP-68 para reducir el coste a usuarios frecuentes, con un ahorro acumulado de más de 468 millones de euros desde su puesta en marcha.
Cambios en el cálculo de tarifas
El Real Decreto introduce ajustes en el método de cálculo de los peajes para adaptarse a los criterios de la Directiva europea. Entre los cambios se incluye la posibilidad de internalizar los costes de congestión y las emisiones de CO2 en el cálculo de tarifas, aunque esta medida no afectará a las concesiones ya existentes. En caso de futuras concesiones, estos criterios deberán incorporarse en los pliegos de licitación.
El texto también recoge la obligación de eliminar gradualmente el sistema de viñeta para vehículos pesados, un modelo de pago por tiempo que algunos países europeos aplican. España no cuenta con este sistema, por lo que el impacto de la medida será nulo en su red viaria.
El Ejecutivo mantendrá el régimen de descuentos vigente para vehículos pesados y ligeros, con bonificaciones basadas en la frecuencia de uso. Esta política seguirá aplicándose con los mismos criterios tras la aprobación del Real Decreto, sin modificar la estructura actual de tarificación en la red de carreteras del Estado.