La Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto una investigación con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.
A través de un comunicado publicado en la página web del Ministerio del Interior, informa que la vandalización de los radares supone una violación del Código Penal en sus artículos 263 a 267, ya que "provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio".
El artículo 263.2 contempla un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave: "Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes".
Los autores de los hechos deberán también multas con el fin de cubrir el coste económico de cada radar: en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000€ y en el de los de tramo a unos 66.000€.
"Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se produzcan este tipo de actos. Además, se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil" sentencia el comunicado.
