Madrid
El transporte público en España ha experimentado un incremento histórico en la financiación estatal en los últimos años, pasando de 360 millones de euros en 2022 a 2.100 millones en la actualidad. Sin embargo, según el Ministerio de Transportes, estas cifras serán insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización y trasvase modal establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Según las proyecciones del propio Ministerio, la aportación estatal deberá situarse entre 4.000 y 11.900 millones de euros para 2030, lo que implica un esfuerzo presupuestario sin precedentes.
En el marco del Global Mobility Call, celebrado en Madrid, se discutieron estos retos y la necesidad de consolidar mecanismos de financiación estables, en una mesa redonda organizada por Alsa que reunió a expertos y responsables políticos. La sesión contó con la participación de Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible; Lucía Blanco, subdirectora General de Prospectiva y Estadísticas Energéticas; y Alfonso Gil, senador y exteniente de Alcalde de Bilbao.
Fernández Heredia destacó el crecimiento en la financiación estatal al transporte público, calificándolo como "la apuesta más importante nunca vista por parte del gobierno central". Este esfuerzo ha permitido, según datos del INE, que 2023 fuese el año con mayor uso del transporte público en España, con un incremento anual del 10% en 2024.
A pesar de estos avances, Fernández Heredia subrayó que la actual financiación no es suficiente para abordar los objetivos marcados por el PNIEC, que exige un trasvase modal del 40% del coche privado al transporte público en áreas urbanas y metropolitanas. Según el secretario general, cumplir estas metas requerirá una oferta significativamente mayor, con precios asequibles, frecuencias altas y tiempos de viaje competitivos.
El Fondo Estatal para la Contribución a la Movilidad Sostenible, contemplado en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, pretende abordar esta carencia, estableciendo un marco de financiación a largo plazo que facilite la planificación de inversiones por parte de operadores y administraciones.
Los ambiciosos objetivos del PNIEC
El PNIEC establece metas ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, con un objetivo específico del 16% para el sector del transporte. Según Fernández, alcanzar estos compromisos exigirá que la financiación estatal se incremente significativamente, situándose entre 1.680 y 5.000 millones de euros en 2025, y alcanzando entre 4.000 y 11.900 millones para 2030.
Lucía Blanco subrayó la importancia de una gobernanza integrada entre administraciones y operadores para garantizar una financiación sostenible. Destacó que los operadores, al depender mayoritariamente de ingresos por tarifas, enfrentan dificultades para financiar inversiones. Además, señaló que el transporte público será un elemento clave en las políticas de descarbonización, lo que implicará transformaciones tecnológicas, como la electrificación de flotas y el uso de combustibles renovables, además de promover el cambio modal y mejorar la interoperabilidad de los servicios.
El Fondo Social para el Clima, que se financiará con los ingresos del nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, entrará en vigor en 2027. Blanco explicó que este mecanismo tiene como objetivo compensar a los hogares y usuarios vulnerables por el impacto del incremento en los costes de los combustibles fósiles. España recibirá 6.800 millones de euros de este fondo entre 2026 y 2032, un 10,5% del total asignado por la Unión Europea.
Apoyo a la movilidad sostenible
Álvaro Fernández abordó la política de bonificaciones al transporte público, señalando que inicialmente se diseñaron para apoyar la recuperación del sector tras la pandemia. Ahora, el enfoque se orientará hacia la mejora del transporte público, con nuevos títulos bonificados dirigidos a jóvenes y familias, así como incentivos para aumentar frecuencias y ampliar servicios. Heredia destacó que el Fondo Estatal para la Contribución a la Movilidad Sostenible se ampliará para incluir la financiación de servicios como bicis públicas e itinerarios ciclistas.
Por su parte, Alfonso Gil insistió en la necesidad de una colaboración estrecha entre administraciones y el sector privado para desarrollar sistemas de transporte robustos y sostenibles. Según el senador, es fundamental garantizar una financiación equitativa que permita a todas las regiones acceder a soluciones de movilidad eficientes. Gil defendió las políticas de bonificación como un medio para fomentar el uso del transporte público y promover una cultura de movilidad sostenible. Asimismo, subrayó la necesidad de crear ecosistemas urbanos más habitables y saludables a través de inversiones en transporte público descarbonizado.
Perspectivas futuras
Los participantes coincidieron en que la financiación del transporte público debe adaptarse a las nuevas exigencias climáticas y sociales. La Ley de Movilidad Sostenible y el Fondo Social para el Clima jugarán un papel clave en este proceso, permitiendo a España avanzar hacia una movilidad más sostenible y accesible para todos los ciudadanos.
