La elección de Luis Pedro Marco de la Peña como presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) —en sustitución del cesado Ángel Contreras— pone fin a la sucesión de perfiles técnicos que han presidido el gestor de las vías españolas durante los últimos seis años para dar entrada a un directivo mucho más político y alineado con las pretensiones del Ministerio de Transportes. Pero esta decisión también anticipa un choque de trenes con Bruselas, que lleva cinco años reclamando a España mucha más independencia en la gestión de sus entes públicos ferroviarios.
Desde su llegada a los Nuevos Ministerios, Óscar Puente ha destacado por marcar colmillo e imponer un perfil muy político en sus decisiones. Esta politización del transporte, normalmente un sector gestionado y controlado por técnicos, puede enmarcarse en las intenciones del gabinete del ministro por cambiar el paradigma de la movilidad para poner al viajero en el centro de las operaciones, algo que requiere de un nuevo discurso y estrategia política, algo que en ocasiones no concuerda con las ambiciones de las instituciones europeas.
En octubre de 2023, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que no había cumplido con varias disposiciones de la directiva que fija el espacio ferroviario único europeo, al no haberlas traspuesto ni aplicado pese a la obligación que establece su entrada en vigor. En concreto, señaló que los distintos Gobiernos españoles habían infringido varias disposiciones relativas a la necesidad de independencia en la gestión de Adif (y Adif AV), de forma que sus decisiones no fueran exclusivamente dictadas desde el Gobierno.
Entre las disposiciones incumplidas, Bruselas destacó que "no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente", en referencia a Renfe. En concreto, aseguraba que "teniendo en cuenta que el consejo de administración es nombrado por el Ministerio de Transportes, las normas relativas a la toma de decisiones y el derecho del Ministerio a finalizar el mandato de sus miembros, el Estado es capaz de ejercer una influencia decisiva en sus acuerdos, incluidos los precios de los billetes", algo que a juicio de la Comisión atenta contra las normas comunitarias en un contexto de liberalización del sector y en aras de garantizar la competencia.
Una denuncia que viene de lejos
La denuncia de Bruselas ante el TJUE tiene su origen en 2018, cuando la Comisión emplazó al Ejecutivo español a corregir determinados incumplimientos. El Gobierno respondió a principios de 2019, alegando que había resuelto varios aspectos a la espera de definir los restantes en la legislación. El órgano de gobierno comunitario no estuvo de acuerdo con esto y remitió un nuevo dictamen motivado a finales de ese año, al que España tardó tres años en responder.
Sin embargo, un último y definitivo análisis de la Comisión se saldó con un nuevo rechazo y el traslado del expediente al máximo tribunal comunitario. Aunque la denuncia no ha sido resuelta, su posible resolución podría saldarse con el establecimiento de multas diarias por parte del Ejecutivo comunitario al español, en línea con otro tipo de sanciones similares aplicadas en casos como la mala gestión del agua o los residuos.
Una cúpula mucho más política
Pese a que este problema continúa encima de la mesa, el actual Ministro de Transportes ha optado por renovar la cúpula de Adif para dotarle de más acción política. Lo hace apenas ocho meses después de nombrar a Ángel Contreras, quien a su vez mantuvo a la mayor parte del equipo de sus antecesores y fue cesado el pasado viernes. Esta decisión no gustó en el entorno de Puente, quien exigió la salida de varios ejecutivos al considerar que no estaban alineados políticamente o que estaban envueltos en conflictos profundos a los que no habían dado solución.
Es el caso del responsable de personal, Michaux Miranda, apartado del cargo el pasado junio por Óscar Puente al constatarse su participación en el llamado 'caso Koldo'. También estaba muy señalado internamente por las tardanzas en la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a todo el personal del gestor ferroviario, algo que se aplicó sin mayor problema en Renfe y que en el caso de Adif ha conllevado meses de negociación.
Pero estas salidas podrían no ser las últimas: en el entorno de Puente se descuenta que habrá una revolución completa en el equipo directivo de Adif para dar relevo al equipo que nombró Isabel Pardo de Vera y que mantuvieron casi intactos sus sucesores, Marisa Domínguez y Ángel Contreras. Desde el sector son muchas las voces a que apuntan a que los perfiles elegidos para dar el relevo tendrán un perfil mucho más político y menos técnico, con el mantenimiento de pocos de los actuales miembros.
Marco de la Peña, un técnico con padrinos políticos
El nuevo presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, era hasta ayer Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco, cargo que asumió en 2020 y en el que fue refrendado tras reeditarse el gobierno PNV-PSOE. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el País Vasco: pasó por las constructoras Ferrovial, Amenábar y Exbasa, donde fue gerente hasta acabar dirigiendo el gestor de la infraestructura ferroviaria vasca, Eusko Tren Bidea (ETS).
Allí llegó en 2009 de la mano de Iñaki Arriola, consejero del ramo, con la meta de desbloquear las obras de la 'Y vasca', el corredor de alta velocidad que construye Adif bajo la supervisión del Ejecutivo Vasco. Tras un paso por el sector privado, volvió a la administración en 2020, después de que Arriola lo eligiese como su 'mano derecha'. Desde entonces se ha encargado de definir las políticas de movilidad sostenible de Euskadi, incluida la modernización de la red ferroviaria por la que opera Euskotren.
Conocedor de las dificultades de la orografía vasca, ahora deberá hacer frente a la transferencia de la red de Cercanías al gobierno de Imanol Pradales, rematar los últimos tramos de la 'Y Vasca' y arrancar las integraciones del ferrocarril en las tres capitales: Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Además, deberá acelerar la llegada de la alta velocidad a Navarra y ajustar sus conexiones con el País Vasco, además de hacer frente al intenso calendario de obras de renovación del ferrocarril que están planificadas por toda España.