El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido ya a cortar el agua, la luz y los suministros a seis viviendas turísticas ilegales. Las seis primeras, porque habrá más. La acción fue anunciada el pasado mes de julio dentro de lo que hoy, en una intervención en el foro Nueva Europa, el alcalde José Luis Sanz ha calificado como "batalla" contra los ilegales en el sector con las armas que la ley del suelo LISTA da a los ayuntamientos, y que da esta posibilidad. Y ahora llegan los primeros resultados.
El consistorio sevillano ya envió a la Junta de Andalucía un listado de más de cien viviendas de uso turístico incluidas en los registros de administración regional pero que según los técnicos municipales no cumplían los requisitos exigidos por la normativa local. Fundamentalmente el argumento es que Sevilla permite uso turístico en bajos y primeras plantas, pero no más arriba. También se ha informado a la Junta de otras 715 viviendas con declaraciones responsables de sus propietarios para que la administración andaluza haga las comprobaciones oportunas antes de actuar. Hay otros 60 casos que van a seguir el mismo camino.
El regidor no ha conseguido sacar aún adelante una ordenanza para regular la concesión de licencias, ya que gobierna en minoría. Pero mantiene firme su postura: "Hay zonas como el Casco Histórico y Triana donde no cabe una vivienda turística más" por los "excesivos problemas de convivencia" que están causando.
"Batalla"
Sanz ha vuelto a mostrar "absoluto respeto" por aquellos sevillanos que han invertido para poner en el mercado viviendas turísticas en las condiciones que marca la ley, pero dada la situación en la ciudad, con más de 10.000 alojamientos de este tipo (con más de 50.000 camas) e importantes crecimientos durante los últimos años (un 20% en 2023), "la primera batalla es contra los ilegales".
Los servicios municipales están reforzando inspecciones y cruzando datos con la Junta de Andalucía para aflorar este tipo de negocios, se está aplicando un IBI terciario y se ha abierto un canal de denuncias para que los vecinos puedan informar al consistorio de situaciones en su barrio.
