Madrid
El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) se encuentra en un momento de cambio en Madrid. La normativa que exige que el 10% de estos vehículos esté adaptado para personas con movilidad reducida (PMR) para el 1 de enero de 2025, ha generado un intenso debate y ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la industria. El sector VTC al completo ha solicitado una prórroga para cumplir con la normativa, pero mientras esto se aprueba Moove Cars, una de las flotas colaboradoras de Uber, ha firmado un contrato para iniciar la adaptación de algunos de sus vehículos.
Rehatrans se ha convertido en un pilar fundamental en el proceso de adaptación de VTCs. Óscar Soriano, director general de la compañía, destaca la importancia de cumplir con el Real Decreto 1544/2007, modificado recientemente para incluir a los VTCs en las exigencias de adaptación que antes solo aplicaban a los taxis. "Estamos trabajando desde hace tres años en este proyecto de VTC", comenta Soriano, subrayando el esfuerzo y la planificación necesarios para cumplir con las nuevas normativas.
Uno de los principales retos es el corto plazo para la implementación. Oscar menciona que, aunque la meta es que el 10% de la flota esté adaptada para 2025, actualmente en Madrid no hay ningún VTC adaptado. "En Madrid son 9000 VTCs, de las cuales 900 deberían estar adaptadas. Es un desafío enorme teniendo en cuenta que partimos de cero", afirma. La complejidad de cumplir con la normativa radica no solo en la adaptación de los vehículos, sino también en la falta de oferta de estos. "La regulación exige que los vehículos tengan que tener etiqueta ECO o CERO, lo que limita mucho la disponibilidad de vehículos que podrían ser adaptados", explica el Director General de Reatrans.
Desde Unauto, patronal de VTC, la situación se ve con una mezcla de optimismo y preocupación. José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de UNAUTO VTC,destaca que "el compromiso del sector es claro: queremos cumplir con la normativa, pero nos enfrentamos a problemas logísticos y de suministro". La falta de vehículos disponibles para la adaptación es un tema recurrente. "No hay fabricación suficiente de vehículos adaptados, y eso retrasa todo el proceso", explica. Una de las soluciones que se está barajando es solicitar una prórroga para la implementación de la normativa.
"Estamos intentando por todos los medios cumplir en tiempo y forma, pero la realidad es que no hay suficientes vehículos disponibles. Si no se llega a tiempo, pediremos una prórroga", afirma Berzal. Otro punto crítico es la falta de ayudas económicas para la adaptación de los VTCs, a diferencia de los taxis que sí cuentan con subvenciones. "Hemos solicitado ayudas a la administración, pero somos pesimistas al respecto. No creemos que se otorguen", comenta.
Uber
Desde Uber aseguran estar "trabajando con nuestras flotas asociadas con el fin de aumentar su base de vehículos adaptados para que cualquier persona que lo necesite pueda acceder a un viaje a través de nuestra plataforma, siempre en cumplimiento con todos los requisitos reglamentarios." Esto se concreta en la firma, por parte de Moove Cars y Rehatrans, de una primera tanda de adaptaciónes de vehículos para personas con movilidad reducida.
Cabify
En Cabify a día de hoy, no tienen ningún VTC adaptado pero cuentan con la categoría 'Access Taxi' en Madrid, una categoría adaptada y de uso exclusivo para usuarios con sillas de ruedas o personas con movilidad reducida, que se presta mediante vehículos cali?cados como Eurotaxi. Esto es algo que ha efetos prácticos resulta ineficaz ya que esos taxis forman parte de la agónica flota de taxis adaptados en Madrid. No obstante desde la compañía aseveran que "Nuestro objetivo como compañía pasa por seguir incrementando esta oferta de vehículos adaptados progresivamente". Prueba de ello es que han formalizado su relación con diferentes empresas especializadas en la adaptación de vehículos, según explican a elEconomista.es.
Cabify concluye reclamando que "sin ayudas económicas directas este tipo de inversiones son muy complejas para las compañías por los costes de operación que conllevan". Por otro lado, los usuarios no deberían verse afectados por un sobrecoste del servicio para poder contar con una oferta de vehículos adaptados. "Es aquí precisamente donde hacemos un llamamiento a las administraciones públicas para que, al igual que sucede en otros sectores y ámbitos, nos ayude a superar la discusión sobre la rentabilidad para centrarnos en cómo prestar un servicio de calidad y necesario", sentencian.
Bolt
Desde Bolt, la perspectiva es ligeramente diferente, centrada en la innovación y la colaboración. La plataforma ha establecido acuerdos para facilitar la adaptación de vehículos a sus socios conductores. "Trabajamos con autónomos y pequeñas empresas, y les estamos ofreciendo soluciones para que puedan adaptar sus vehículos de manera más económica y sencilla", explica Daniel Georges, director de VTC y taxis de Bolt España.
Uno de los mayores desafíos que Bolt identifica es la disponibilidad de vehículos con la etiqueta ECO o CERO, requeridas para circular en Madrid. "La oferta de vehículos adaptables es muy limitada. Si se incluyera la etiqueta C, se ampliaría mucho la disponibilidad y se reducirían los costes", señala Georges. Esta medida, aunque aún no confirmada parece de aplicación próxima, según todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje. La misma sería clave para facilitar el cumplimiento de la normativa, ya que se ampliaría de forma considerable el número de coches disponibles. También la autonomía de los mismos estaría dentro de los valores idóneos para dar un servicio de VTC para personas con movilidad reducida.
Bolt también subraya la importancia de gestionar los costes y maximizar la rentabilidad de los vehículos adaptados: "Estamos trabajando en acuerdos que permitan reducir los costes de adaptación y, al mismo tiempo, ofrecer servicios adicionales que aumenten la rentabilidad de estos vehículos", explican. Esto incluye la posibilidad de utilizar vehículos adaptados para servicios de alta demanda como traslados al aeropuerto, lo que podría compensar los costes adicionales de adaptación. En este sentido, la falta de una normativa clara que obligue a los conductores a aceptar un mínimo de servicios para personas con movilidad reducida es otro punto crítico. Aunque los vehículos estén adaptados, no existe una obligación explícita de prestar este servicio específico, lo que puede llevar a situaciones en las que los usuarios con movilidad reducida no puedan acceder a estos vehículos cuando los necesiten.