Hasta el último momento. El Gobierno decidirá la semana que viene, la última del año, si mantiene o reduce los descuentos al transporte público que actualmente aplican a los trenes de Cercanías, Media Distancia, Avant; los autobuses de larga distancia y las bonificaciones al transporte urbano. El enorme coste económico de estas bonificaciones, valoradas en más de 2.000 millones de euros, ha abierto una reflexión en el Ejecutivo y sus sectores próximos sobre si deben ser mantenidas o adaptarse a los usuarios que de verdad lo necesitan.
La decisión final llegará el próximo miércoles 27 de diciembre, según desveló el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un foro celebrado en Valladolid. Ese día habrá, según declaró, un "gran Real Decreto-Ley en el que se aprueben, entre otras, ese tipo de medidas". Las exigencias de Bruselas, que reclama acabar con las ayudas de Estado concedidas con motivo de la alta inflación y relajar la tensión sobre las cuentas públicas, y la posición del ministerio de Hacienda respecto al alto coste de las medidas ponen en duda que las bonificaciones se mantengan tal y como están ahora. Esta necesidad de negociar a tres bandas la que ha dilatado los plazos hasta final de año, recibiendo críticas de usuarios y gobiernos locales, que no saben cuánto han de abonar en menos de dos semanas.
Sobre la mesa del ministro están ahora mismo tres opciones. La primera pasa por mantener los abonos como están, medida que no gusta ni a Hacienda ni a Bruselas, aunque podría prorrogarse al menos durante los primeros meses del año dadas las dificultades operativas de implementar cambios tarifarios en plena navidad. Esta idea tampoco parece tener el beneplácito total de Puente, quien a finales de noviembre intervino en la feria Rail Live con un discurso en el que defendió la importancia de los descuentos al transporte público, "que contribuyen a aliviar el bolsillo de los ciudadanos y promueven el uso de un modo de transporte sostenible", pero mencionando también la necesidad de "priorizar la mejora de la calidad de los servicios".
Una segunda opción pasaría por implantar una fórmula similar a la que ya existe en Francia y Alemania, un abono de transportes que permite viajar de forma ilimitada en días laborales por un precio de 49 euros en Alemania o 50 en Francia. Esta medida permitiría evitar picos de demanda en los servicios ferroviarios y evitaría el fraude con las reservas no utilizadas, que las asociaciones de usuarios han pedido resolver. "A mi me gusta, y es uno de los temas en los que trabajaremos desde el Ministerio", señaló Puente en una intervención esta misma semana en Valladolid. Este abono podría acabar aplicándose sobre las rutas de autobus de titularidad estatal y a los trenes Regionales y Media Distancia de Renfe.
Esta opción no es incompatible con la tercera propuesta, que en este momento se da como casi segura después de que la desvelara el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su investidura: "A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes, y también para las personas desempleadas", señaló. Estos colectivos podrían verse beneficiados por este nuevo panorama tarifario, aunque queda en el aire la duda sobre cómo afectará al resto de usuarios.
A ese respecto, el propio Sánchez aseguró entonces que "ya nos comprometimos a que durante 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos de transporte", tal y como pactaron PSOE y Sumar en su acuerdo de investidura. Esta frase, abierta a interpretación, abre la puerta a todo un abanico de posibilidades que deberán resolverse la semana pasada, pero parece que garantiza que se mantengan los descuentos de hasta el 60% para las redes de autobuses, metro y Cercanías urbanas. "En coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental", esgrimió entonces.
En cualquier caso, la medida a adoptar en estos últimos días del año tendrá que ser diseñada para adquirir un carácter "estructural para determinados colectivos", tal y como esgrimió el propio Puente semanas atrás, de forma que se mantenga a lo largo del tiempo y no esté sujeta a vaivenes presupuestarios ni políticos.
