Transportes y Turismo

Las autonomías recelan del traspaso de las Cercanías ante la necesidad de financiar su déficit

La transferencia de las Cercanías a las autonomías parece cada vez más cerca. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aceptado la hoja de ruta diseñada por Renfe para hacer frente a las exigencias de apertura del mercado impuestas por Bruselas y en una de sus primeras intervenciones parlamentarias no descartó traspasar esta competencia a todas las comunidades que lo solicitaran. Hasta ahora son dos las que han solicitado formalmente la transferencia de las redes de Cercanías en su territorio: Cataluña y País Vasco.

Ambas han puesto sobre la mesa la necesidad de acompañar este traspaso con la financiación necesaria para garantizar su funcionamiento, una cuestión que anticipa largas negociaciones con el Ejecutivo central. Pero hay otras que, potencialmente interesadas, no acaban de dar el paso. Es el caso de Andalucía, que la semana pasada confirmó su interés con una votación regional; o la Comunidad Valenciana, que llegó a negociar con el Gobierno. Otras como Madrid protestan por el estado de la red, pero recelan de quedárselas.

Las doce redes de Cercanías a día de hoy operativas son gestionadas y operadas por Renfe con la excepción de Cataluña, donde la Generalitat actúa como gestora desde 2009 y asigna, por tanto, los recursos que considera oportunos. La consideración de esta prestación como un "servicio público" dio lugar a la firma de un contrato-programa entre el Ministerio de Transportes y Renfe, que cada año recibe una subvención con la que cubrir el déficit de explotación de todos estos servicios, ya que los ingresos de la operadora por cada viajero apenas suponían el 50% del coste de prestar el servicio.

Distintos costes según la región

En 2019, Renfe ingresó 1.173,6 millones de euros por parte del Estado por la prestación de los servicios de Cercanías, que se complementan con otros 518,61 millones procedentes de los ingresos que abonan los viajeros. Además, el Estado también compensa a Adif por el déficit de explotación de la red y para ejecutar nuevas inversiones. Pero estos costes no son iguales para todos los núcleos. Madrid, con 253,6 millones de pasajeros, y Barcelona con 119,3 millones concentraban hasta antes de la pandemia al 58% y 29% de los viajeros, respectivamente, algo que permite que sus costes por usuario sean sustancialmente inferiores a los del resto de núcleos, con mucho menos tránsito.

Esto genera que existan severas diferencias en los distintos núcleos de Cercanías en cuanto al coste que supone prestar el servicio: En Málaga o Madrid, los viajeros cubren el 75% y 69% de los costes del servicio, respectivamente; mientras que en otros como Santander o Zaragoza apenas permite financiar el 5% del servicio.

La Airef calculó en 2018 el coste de las Cercanías en los distintos núcleos, determinando que para la red madrileña harían falta más de 350 millones de euros; para la catalana unos 300; para Valencia en torno a 100; o para las andaluzas (Sevilla, Cádiz y Málaga), cuyo coste podría rondar también los 100 millones. Dado su tamaño, estas regiones podrían llegar a asumir un gasto de este estilo, pero otras como Asturias, cuya red tiene unos altos niveles de gasto (60 millones) y una escasez de ingresos (apenas cubre el 12%), tendrían mucho más difícil afrontarlo sin ayuda estatal.

Euskadi quiere la cesión antes de las elecciones

El pacto entre PSOE y PNV para transferir la gestión de las redes de Cercanías de Bilbao y San Sebastián podría cerrarse en el primer trimestre del año. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, aseguró hace unos días que antes de las elecciones regionales se podrá realizar el traspaso de estas redes, una de las tres que quedan todavía pendientes en el marco del Estatuto de Gernika, y que replicaría la fórmula que ya aplica en Cataluña.

La transferencia estuvo a punto de consumarse en la pasada legislatura, hasta el punto de que sus posiciones "están muy cerca", según declaró Itxaso en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. El portavoz del gobierno en Euskadi declaró que Renfe seguiría siendo la operadora hasta que finalice el contrato-programa en vigor, en el año 2027, "porque no hay ninguna compañía que opere en esos trayectos".

Andalucía se sube al tren

La última en formalizar su interés por gestionar sus redes de proximidad fue Andalucía. La decisión sorprendió a propios y extraños después de que el Partido Popular apoyase una proposición de varias formaciones de izquierdas para que la Junta reclamase al Estado las competencias de gestión de la red ferroviaria que discurre por la comunidad, en línea con lo recogido en el Estatuto de Autonomía de la región. El portavoz del ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, defendió la semana pasada que "es interesante explorar" que la Junta pudiera "asumir aquellas competencias" que le correspondan, "siempre y cuando cuente con la financiación adecuada para la gestión de las mismas" y suponga una mejora para el servicio.

El PP andaluz asume así las tesis de su presidente, Juanma Moreno, quien durante el debate del estado de la región manifestó que si el Estado estaba dispuesto a financiar la gestión de las Rodalies catalanas, él también asumiría la gestión de las Cercanías. El portavoz del Gobierno apostilló entonces que "el servicio ferroviario en Andalucía deja mucho que desear", una situación contra la que quiere luchar el ejecutivo regional, que hace un año anunció su intención de poner en marcha un servicio de trenes entre sus capitales bajo el nombre "Near Intercities" sin que haya anunciado nuevos avances al respecto.

Madrid no quiere saber nada

La única autonomía que se ha opuesto claramente a la cesión ha sido la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno mantiene una batalla política con el Ministerio de Transportes al respecto del funcionamiento de este servicio ferroviario. "De momento no necesitamos gestionar directamente Cercanías, lo único que queremos es que funcione", apuntó su consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en una entrevista en Telemadrid. "Ahora mismo nosotros no consideramos necesaria una posible cesión en el sentido de que tenemos el Consorcio Regional de Transportes, que gestiona todas las modalidades de transporte que tenemos en la región y funciona estupendamente", señaló.

Preguntado por que esta cesión se acabara poniendo encima de la mesa, el consejero consideró que tendrían que valorar si el Gobierno ofrece una financiación adecuada: "Todo dependería de la financiación que nos transfiriese el Estado a la Comunidad de Madrid", explicó Rodrigo, quien incidió en que "si no se financia ahora como dios manda, como para esperar la transferencia y que se financie en condiciones", apuntó en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Compromís reclama Valencia y Alicante

La formación valencianista Compromís anunció en noviembre su interés por reclamar la transferencia de la gestión de las Cercanías a la Comunidad Valenciana, aunque "para tenerla hace falta la financiación para desarrollarla", según señaló la portavoz de la coalición en el Congreso, Àgueda Micó, para así cumplir una de las propuestas de la formación, que incluyó la mejora de la red en el pacto de gobierno entre Sumar y PSOE.

La posible cesión de las Cercanías a la Generalitat estuvo sobre la mesa durante la segunda legislatura de Ximo Puig al frente de la región, aunque parece haberse enfriado tras el cambio de gobierno que ha aupado a Mazón a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Según ha podido saber elEconomista.es, los ejecutivos regional y nacional mantuvieron conversaciones con el objetivo de modernizar y mejorar la red y sus frecuencias, sin que llegaran a concretarse.

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