La industria del patinete eléctrico vive un nuevo contratiempo. La decisión del Ayuntamiento de París de expulsar a las tres empresas que operaban en la ciudad ha reavivado el debate sobre si este modo de transporte es adecuado para circular por las ciudades españolas. No es una discusión nueva, ya que otras ciudades como Montreal o Copenhague decidieron hace tiempo poner coto a estos dispositivos. Esta vez la maniobra del consistorio parisino coge carta de naturaleza por la fórmula escogida: una consulta popular cuyo resultado se ha inclinado por una participación minoritaria (apenas votaron 130.000 personas entre los 1,3 millones de habitantes llamados a participar) pero que, en cualquier caso, se ha volcado en el no a estos pequeños vehículos.
En España, el aterrizaje de estas empresas de movilidad ha forzado a una intervención pública a distintos niveles. La Dirección General de Tráfico (DGT) sentó las bases con un manual para regular los patinetes -catalogados como Vehículos de Movilidad Personal-, que introducía aspectos tan necesarios como la prohibición de circular por las aceras. Pero la regulación no ha hecho más que empezar, a la vista de que en 2024 se incorporarán nuevos requisitos, como la obligación de circular con un certificado de conducción, y que la normativa no supone ningún impedimento para que cada ciudad fije normas adicionales.
Así, Madrid ha preferido acotar el número de licencias y recortarlas en más de un 40% (de 10.000 a 6.000) frente al anterior concurso. Barcelona quiere ir más allá, al preparar una normativa que contempla, entre otras cosas, el uso del casco y luces a partir del próximo mes de mayo y, sobre todo, la necesidad de dejar atados los patinetes en la vía pública.
Motivos para pensar en un coto regulatorio para estas empresas sobran: el número de accidentes ha crecido con su popularización, provocando hasta 13 fallecimientos en 2021, el doble que el año anterior, según un estudio de la Fundación Mapfre, que contabilizó hasta 224 accidentes con vehículos de este tipo entre enero y septiembre de 2022. Son cifras que explican el poco apoyo hacia este modo de transporte, como prueba el estudio El ciclismo en el mundo.
Desaparición de empresas
De momento, el balance es poco satisfactorio para las compañías. La entrada en las ciudades españolas dio paso en poco tiempo a una batalla sin cuartel por un mercado todavía inmaduro y por explorar, que se tradujo posteriormente en cierres y fusiones, incluso, antes de la pandemia del coronavirus. Un dato para retener: Madrid ha pasado de albergar a 18 empresas de patinetes a únicamente tres en la actualidad.
No es ningún secreto que la regulación no ha sido el único factor que explica esta situación. La rentabilidad de estas compañías no ha sido la prioridad de sus directivos ni de sus accionistas, más centrados en crecer sin freno a la espera de sobrevivir a la concentración que descontaba el mercado. La fiebre de los patinetes se ha ido rebajando con el paso del tiempo, sobre todo con el encarecimiento del dinero necesario para mantener a estas compañías a base de rondas de financiación.
A la vista del resultado de París, queda por ver si en España vuelve a reforzarse el marco regulatorio. Ya hay voces que apuntan a la necesidad de realizar un plebiscito como el del país vecino. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha descartado que esto pueda suceder en la capital. "Hay distintos modos de movilidad por la ciudad que deben convivir entre sí y con los peatones", afirmó. El resto de grandes consistorios, sin embargo, han tomado nota y saben qué fórmula puede emplearse para regular definitivamente a estos dispositivos. Sin duda, las opciones sobre la mesa dibujan un futuro, cuando menos, difícil para los patinetes eléctricos compartidos.
