Madrid
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, se ha mostrado partidario de seguir con el proceso de liberalización de las torres de los aeropuertos en sus servicios de control tráfico aéreo. El máximo ejecutivo ha considerado positiva la introducción de competencia y "perfectamente factible" la propuesta que el Gobierno ha propuesto a través de una manifestación de interés.
La respuesta de Lucena llega tras los cambios en el Ministerio de Transportes, donde Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes y presidenta de Enaire, propietario de Aena, ha salido del Gobierno por la crisis de los trenes a Cantabria.
En opinión de Lucena, la apertura de la gestión de los servicios de aeródromo -no los de aproximación ni ruta- ha resultado positiva en términos de eficiencia. Ahora mismo el Gobierno mantiene abierta una manifestación de interés para implicados en este proceso que ha dividido fuertemente al sector entre defensores y detractores.
En un lado se sitúan las aerolíneas, representadas por la patronal ALA, y al otro sindicatos como USCA, que han encontrado el apoyo de partidos como Unidas Podemos, a la postre socio de Gobierno. Este proceso de liberalización, que supondría su segunda fase tras ya haber privatizado algunas torres, ha despertado ya el interés de grandes compañías como la italiana Enav o la alemana DFS.
Sobre la propuesta de ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat, Lucena ha preferido mostrarse cauto y esperar a que la Generalitat de Catalunya fije una clara posición. La ampliación de la capacidad de esta infraestructura, el segundo aeropuerto por pasajeros en España, ha vuelto a los focos tras la iniciativa privada de unos promotores que creen que la fórmula ideal es proyectar una pista sobre el mar.
"Alivio" por los ajustes contables
En el aspecto financiero y con motivo de la vuelta a beneficios en 2022, la compañía ha aprovechado para comunicar los grandes hitos del año pasado y los retos para el ejercicio en curso, en el que las previsiones de tráfico aéreo se han revisado al alza sobre las últimas estimaciones esbozadas en la presentación de su plan estratégico 2022-2026.
La compañía ha destacado que ha reelaborado el impacto del cambio de la normativa de los alquileres (Ley 13/2021) y ha dado así carpetazo al impacto contable que la nueva normativa iba a tener hasta 2026 en las cuentas del grupo. Pese a que la nueva fórmula le ha llevado a reconocer unas pérdidas de 475 millones en 2021 (en principio fueron 60 millones de números rojos), la compañía se ha referido a esta medida como un "alivio" en términos financieros.
El impacto contable se concentrará ahora entre 2020 y 2021, según ha expresado el director financiero, José Leo, en el encuentro con medios de comunicación para trasladar los principales hitos del último ejercicio.
