Defectos de forma al no justificar la urgencia con la que se aprobó. Vulneración de los derechos de los ayuntamientos. E invasión de competencias estatales. Con estos tres argumentos los taxistas andaluces apoyan a Unidas Podemos, el grupo Republicano, el Mixto, Bildu y el grupo Plural, así como a la Asociación Taxi Projet, que van a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Una norma que, a juicio de la Federación Andaluza de Élite Taxi y la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), constituye un "atropello político" y una "traición" por parte del gobierno andaluz.
El decreto andaluz, aprobado en octubre pasado, cerraba la puerta a la concesión de nuevas licencias, pues establece que "no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis". La norma establece zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a cierta distancia de estaciones, hospitales y centros sensibles en el tránsito de viajeros; prohíbe la geolocalización previa a la contratación; fija mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo; y regula la aplicación del régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia, entre otras medidas.
La consejería de Fomento explicó que recogía buena parte de las reivindicaciones del sector del taxi, salvo limitar las licencias ya existentes, establecer el tiempo mínimo de precontratación y excluir a los VTC del transporte urbano.
La Junta aclaraba que legisla obligada "después de que el Gobierno de la Nación haya dejado en manos de las comunidades autónomas su regulación, al suprimir el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre", en virtud de la Ley Ávalos.
Críticas del taxi
"Los andaluces defendemos, como sector del taxi y ciudadanos, un atropello político por parte de la Junta, que quiere sacar adelante un decretazo chapucero, sin efectos, en beneficio de multinacionales y amiguetes", ha reprochado hoy Rafael Baena, de Élite Taxi, arropado por el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, y por el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Rafael Mayoral.
Según los taxistas, esta norma pone "en peligro" el modo de vida de las 10.000 familias andaluzas que dependen del taxi y afecta también al interés general para 8,5 millones de andaluces. "Nace sin memoria económica, sin reglamento y sin régimen sancionador adecuado", ha apuntado Baena, para advertir que solo favorece a "grandes empresas de VTC".
Se advierte que el sustento de 10.000 familias está en peligro en la comunidad
Baena también ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya puesto "de perfil" ante este problema. "Abusa de una mayoría de poder que le dio el pueblo y que el pueblo le puede quitar y las elecciones siempre están ahí al filo de la puerta", ha insistido.
Por su parte, Mayoral ha advertido de que este decreto que regula los VTC "pisotea" el autogobierno municipal para "proteger los intereses de multinacionales" que "tienen una estrategia para hacerse con el monopolio" del transporte de viajeros sin regulación.
El recurso
El recurso presentado advierte de que el decreto incumple el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, vulnera la autonomía municipal "por no atribuir competencias propias a los ayuntamientos ni abrir canales de participación", junto a que fuera aprobado sin que "los ayuntamientos hayan podido intervenir directa o indirectamente en su elaboración", y, además, vulnera las competencias atribuidas al Estado en su artículo 18 bis.
Apuntan que aceptar "la extralimitación" de competencias realizada por la Junta de Andalucía supone una afectación al sistema de organización y distribución de competencias de la administración pública, "vulnerando las estatales e infringiendo sustancialmente la garantía constitucional de la autonomía local". Esto, a juicio de estos diputados, supondría "una inaceptable degradación democrática" que "no están dispuestos a tolerar".
Respuesta de Fomento
Desde la Consejería de Fomento se espera que "no tenga ningún recorrido el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de Más País, de Compromís, Bildu o de Junts Per Catalunya y que consideramos absurdo porque partidos de otras comunidades no deberían inmiscuirse en leyes de otras comunidades que ni conocen ni les afectan".
La Consejería defiende legalidad del decreto y recuerda que se está elaborando el reglamento que lo desarrolla "para lo que pedimos la colaboración de todas las partes implicadas, puesto que está en el trámite de audiencia".
Las fuentes consultadas en el ejecutivo andaluz indican que se ha desarrollado la iniciativa legislativa "impuesta por el RDL de Ábalos en el que nos obligan a todas las comunidades a regular los servicios ofrecidos por las VTC antes de octubre de 2022 y es lo que hicimos. Si el Estado hubiera querido ofrecer uniformidad en esta regulación no debería haber generado este descentralización de las competencias. En contra de lo que manifiestan el sector del taxi, este decreto refuerza las competencias municipales al otorgarle la capacidad sancionadora y recaudatoria para la vigilancia y control de las actividades de los VTC".
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