Madrid
El debate sobre el control y la propiedad de las aerolíneas que operan en Europa vuelve a marcar las agendas. Bruselas se dispone a revisar este 2023 el reglamento que obliga a las compañías a dejar en manos de inversores comunitarios la mayoría del capital social y las posibles afectadas han aprovechado para lanzar un mensaje de advertencia para relajar estas normas, ante la necesidad de acceder a nuevo capital para poder cumplir con sus compromisos en materia de sostenibilidad.
Tres de las compañías en el foco por este escenario son el grupo hispano-británico IAG, a la postre dueño de las españolas Iberia y Vueling, la irlandesa Ryanair y la low cost EasyJet, todas ellas afectadas por el fin del periodo transitorio que se acordó por el brexit. Estas compañías se han reunido recientemente con varios comisarios de la Dirección de Transportes (DG MOVE) en Bruselas que capitanea Adina V?lean, como confirman distintas fuentes a elEconomista.es.
Sobre el contenido de estas reuniones, un portavoz de Ryanair indica que el motivo fueron las directrices "anticuadas" sobre propiedad y control del marco normativo (Reglamento 1008/2008) que restringen el acceso de las aerolíneas al capital. "La mayoría de las aerolíneas europeas desean acceder a capital adicional en los mercados privados", explicaron al respecto. IAG se limitó a confirmar estos extremos al asegurar que están "totalmente alineados" con la postura de Ryanair.
Un portavoz de EasyJet, no obstante, afirma que ningún miembro de su equipo participó en dicha cita. Pese a ello, la compañía ha criticado anteriormente los límites accionariales, ya que, en su opinión, las compañías de la industria "deberían poder recurrir a los mercados mundiales de capitales y tener acceso a diversas fuentes de capital como cualquier otra empresa de cualquier otro sector".
Por parte de la Comisión Europea, fuentes de la DG MOVE confirman que el sentimiento común de estas compañías es hallar una fórmula que amplíe los márgenes de la regulación. Aunque no hay una propuesta concreta, las soluciones pasan por liberar de este freno a determinados tipos de inversores institucionales o a aquellos de determinados países no pertenecientes a la UE. También se contempla como opción la liberalización total. De momento, la normativa que fue aprobada por primera vez en 2008 y ahora está siendo sometida a examen deja claro que para que una aerolínea mantenga una licencia de explotación en Europa "más del 50 % de la propiedad, así como su control efectivo" debe recaer "en los Estados miembros o sus nacionales, salvo que se disponga otra cosa en acuerdos celebrados con terceros países en los que la Comunidad sea parte".
No cumplir con este requisito tiene sus riesgos, empezando por poder perder las licencias de operación, renunciar a amplios privilegios de vuelo que se disfruta en el mercado único y depender de los acuerdos que otros países tienen con la Unión Europea. Tras esta revisión, la Comisión Europea decidirá "las opciones políticas adecuadas", añadieron desde la DG MOVE, quien advirtió también que Bruselas tendrá en cuenta otros factores (los niveles de seguridad aérea, la conectividad o la competitividad, entre otros) para adoptar una postura final.
Soluciones imaginativas
La discusión sobre si aerolíneas como EasyJet, Ryanair e IAG son europeas o no es recurrente desde el brexit y la finalización de su periodo transitorio en diciembre de 2020. Su núcleo mayoritario de inversores actualmente está dominada por fondos de inversión y capital extracomunitario, pero todas ellas han puesto en marcha soluciones para cumplir con el reglamento comunitario.
IAG, por ejemplo, justifica que su centro de decisiones está en España, como prueba su sede social de Madrid. La compañía, cuyo consejero delegado es Luis Gallego, también tomó otras decisiones en el mismo sentido, como distinguir en Iberia los derechos económicos de los políticos entre los títulos de la compañía, para traspasar estos últimos a una sociedad española, Garanair, controlada a su vez por El Corte Inglés. Esta operación contó además con el respaldo institucional del Gobierno, que defendió siempre la españolidad de la antigua compañía de bandera española.
Ryanair y Easy Jet, en cambio, tienen activados en sus estatutos planes de contingencia que obligan a los accionistas de fuera de la UE a vender sus títulos a inversores europeos llegado el momento.
Un asunto a resolver en 2023
La revisión del reglamento sobre servicios aéreos estaba marcada en el programa de trabajo de la Comisión Europea, que ya ha avanzado a través de una convocatoria de datos para una primera toma de contacto y más tarde con el lanzamiento de una consulta pública, que tuvo lugar desde el 3 de marzo hasta el 5 de junio y en la que participaron tanto empresas, como administraciones públicas y otras organizaciones La adopción final prevista de los posibles cambios en el marco regulatorio debía haberse producido a finales de 2022, pero finalmente se ha dilatado tras no haberse incluido como punto del orden del día de la agenda del último Colegio de Comisarios.
