Zaragoza
La Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros considera que hay una doble discriminación con los territorios que no tienen ferrocarril y las empresas que prestan el servicio público de transporte de autobús.
La asociación señala esta discriminación ante la gratuidad de los abonos de cercanías, rodalies y media distancia prestados por RENFE, que anunció el presidente del Gobierno de España en el debate del Estadote la Nación el pasado 12 de julio.
Para la asociación, esta medida supone un agravio comparativo y una doble discriminación, ya que se da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y, por otro, prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en España.
Además, desde la asociación añaden que el Ejecutivo está incurriendo en una práctica que puede suponer competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas, que prestan el servicio público de transporte.
De este modo, creen que, si esta medida llega a ponerse en marcha, tendría unas consecuencias nefastas para las empresas de transporte de viajeros por carretera, ya que se desplazará la demanda en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril. Una demanda sobre la que apuntan que será difícil de recuperar una vez se haya eliminado la medida.
Asimismo, inciden en que, "con esta decisión, de no ampliarse a todo el sistema de transporte público, se dañaría más aún a un sector, el único que garantiza la movilidad en todo el territorio nacional, que ya se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de restricción de la movilidad provocadas por la pandemia del COVID, y que aún no ha recuperado los niveles de demanda pre-pandemia". Desde 2020, han desaparecido en España más de 280 empresas y las que sobreviven, menos de 3.000 (2.857), acumulan una gran cantidad de deuda, según los datos facilitados por la organización.
La asociación también recuerda que a toda esta situación hay que sumar las consecuencias del incremento del precio de los combustibles, que está teniendo un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector.
"Este anuncio es un 'palo en la rueda' de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de la España rural y más despoblada, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo", afirman.
