Barcelona
La Fiscalía se une al administrador concursal para pedir la culpabilidad de Joan Gaspart en el concurso de HUSA Hoteles. El expresidente del FC Barcelona hace casi una década que coquetea con la quiebra del antaño gigante turístico y, aunque en 2016 se libró de responsabilidades, el ministerio público no quiere que ocurra lo mismo en esta ocasión. En un escrito remitido al juzgado pide que se haga cargo de una deuda de hasta 288 millones de euros y sea inhabilitado por una década.
En un informe al que ha tenido acceso elEconomista, Fiscalía solicita al juzgado de lo mercantil 3 de Barcelona que "se condene a Joan Gaspart a pagar el déficit concursal o el importe que los acreedores no perciban en la liquidación de las sociedades concursadas". En total, las sociedades en concurso del conglomerado HUSA acumulan un déficit de 288,7 millones de euros al que el empresario debería hacer frente si el magistrado sigue el criterio de la acusación.
La cifra podría eso sí ser ligeramente inferior por saldos entre diferentes firmas del grupo, pero las fuentes consultadas aseguran que superaría siempre los 200 millones de euros.
El Ministerio Público también pide que se inhabilite tanto a Gaspart como a su número dos, Arturo Cardona, por un periodo de diez años para ocupar cualquier tipo de cargo empresarial. Se les pretende dar por perdido cualquier derecho que como acreedores tengan en el concurso.
Fiscalía: HUSA realizó operaciones para vaciar patrimonialmente las sociedades en concurso
El documento fue elaborado el pasado 22 de abril, pero no se remitió a las partes hasta la pasada semana. Por ello, HUSA tiene hasta la próxima semana para enviar sus alegaciones al juzgado. Desde la compañía confían en que el concurso resulte fortuito –como ya sucedió en 2016- y se aclaren las acusaciones realizadas tanto por la Fiscalía como por la administración concursal.
En el texto, la fiscal denuncia que, desde el anterior convenio con los acreedores, la compañía realizó operaciones para vaciar patrimonialmente las sociedades Hostelería Unida y Hostelería Unida Dos, las dos sociedades que habían entrado en concurso. Además de dificultar el cobro de la deuda, los movimientos también se hicieron para "impedir las actuaciones ejecutivas de la Agencia Tributaria", señala.
De este modo, habría trasladado a terceras sociedades –que terminaron también por entrar en concurso- fuentes de ingresos como la gestión del Hotel Internacional de Barcelona, el Hotel Riu Nere de Vielha o 496.477 euros procedentes de Turespaña. Así pudo escapar de los embargos de Hacienda.
Gaspart además cobró entre 2016 y 2019 hasta 579.150 euros "sin justificación alguna" 579.150 euros de tres de las sociedades que ya se encontraban en situación de insolvencia, según la Fiscalía. Por ello, le exige también devolver la cantidad percibida durante el periodo en el que las compañías ya no podían hacer frente a su deuda.
La administración concursal solo pide cinco años y 600.000 euros
La dureza de la Fiscalía no está acompañada por la administración concursal. A finales de marzo elaboró su informe y también pidió que se declarase como culpable el concurso. Sin embargo, solicitó una inhabilitación de cinco años y el pago de los 579.150 euros que el directivo de la CEOE ingresó.
Es habitual que el Ministerio Público siempre mantenga una posición más beligerante que los administradores. En este caso, las diferencias nacen del anterior concurso de HUSA, sellado en 2016. Entonces el juzgado lo declaró fortuito, por lo que la administración considera que solamente se pueden poner sobre la mesa los hechos de los últimos seis años.
Además, la administración concursal valora que no se generó nueva deuda desde la firma del último convenio. La actividad de HUSA fue escasa y la caja generada apenas sirvió para sobrevivir al día a día, pero no se acometieron inversiones que creasen más déficit. El pasivo simplemente se movió entre sociedades para dificultar su cobro y entorpecer el trabajo de la Agencia Tributaria, algo que los administradores también denuncian.
El Estado siempre fue beligerante con HUSA
A la espera de la resolución de la magistrada, vuelve a quedar clara la posición beligerante del Estado en el concurso de HUSA. Ya en 2016, los acreedores aceptaron una quita del 95% de la deuda con un acuerdo que vio la luz sin el apoyo de Hacienda ni de la Seguridad Social. Gaspart debía llegar a un acuerdo con ambos organismos que jamás se alcanzó.
Por ello, la Agencia Tributaria fue esta vez de las primeras en alertar de los movimientos entre sociedades de la hotelera y envió una carta al juzgado para pedir que se declarasen "antijurídicas" las transacciones entre empresas detectadas.
