Terrorismo

El Supremo habilita agosto para tramitar las ilegalizaciones de ANV y PCTV

La Sala del 61 del Tribunal Supremo, que es la encargada de las demandas de ilegalización instada contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), ha acordado habilitar "todos los sábados, domingos y días festivos del mes de julio y todos los días del mes de agosto para poder continuar con la tramitación de este procedimiento.

La posible ilegalización deberá ser resuelta antes de mediados de septiembre, coincidiendo con la fecha de Apertura del Año judicial el 15 de ese mes.

Establecer los plazos

Los 16 magistrados que integran esta sala especial del Supremo se reunieron  para organizar la agenda y dar traslado a las diferentes partes para que puedan alegar lo que consideren oportuno respecto de las diferentes pruebas practicadas. Así, mañana comenzará el plazo de 20 días que se da al fiscal y al abogado del Estado para que formulen sus alegaciones -hasta el 7 de agosto-, a los que seguirán otros 20 días de plazo para dar vista de las pruebas a los partidos políticos demandados -hasta el 28 de agosto-.

Desde ese momento, según la LPP, el tribunal dispondrá de un plazo máximo de 20 días para dictar ambas resoluciones, fecha que concluye el 16 de septiembre. Un día antes, el 15, está prevista la inauguración por el Rey del Año Judicial, que se espera sea ya protagonizada por un nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez sea renovado este órgano.

Renovación del CGPJ

La habilitación de agosto responde a la necesidad de facilitar que, según se ha apuntado desde diferentes fuentes, sea la necesidad de que sea Hernando, que preside la Sala del 61 (y el Tribunal Supremo) y también el CGPJ, quien firme el fallo que determine la ilegalización o no de los partidos demandados, ya que lo contrario podría servir de argumento a ANV y PCTV para solicitar la nulidad del proceso frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (Francia).

Podrían alegar que quien preside el tribunal (el magistrado que sucediera a Hernando si se produce finalmente la renovación) no estuvo presente durante la realización de las pruebas relativas al caso, según las mismas fuentes.

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