Madrid
El año 2023 terminará como empezó en el ámbito de la tecnología: con un afán de extensión de las capacidades de la inteligencia artificial a todos los ámbitos, especialmente a través de las facilidades asociadas a buscadores y herramientas de conversación (chat) y previsiblemente -si el 6 de diciembre se resuelve la negociación trilateral entre las instituciones europeas- con una primera norma de orden público para el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial promovida por la UE en forma de Reglamento, si la presidencia española -que ha reconocido a través de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial la dificultad de fijar las pautas de la regulación de la IA en un estado tan incipiente de desarrollo- es capaz de armonizar las pretensiones del Parlamento Europeo de regulación exhaustiva de la IA generativa y concretamente de sus versiones (foundational models) y la de algunos de los principales Estados miembros a través del Consejo de Ministros, que prefieren centrar las obligaciones en la transparencia del código y el respeto a la propiedad intelectual, quizás augurando así más posibilidades de desarrollo para las IA europeas emergentes, Aleph Alpha en Alemania y Mistral en Francia.
El despegue esperado de la IA sería impensable si los tres principales proveedores de computación en la nube (cloud), AWS, Microsoft y Google, no hubiesen establecido un nuevo frente de competencia sobre el plano de la IA, más allá de la disputa por el liderazgo en la cuota en ofimática y colaboración interpersonal, reveladoras de la creciente dispersión de las organizaciones y de la irreversible adopción de esquemas de trabajo individual a distancia en ciertas profesiones.
Tras el lanzamiento hace más de 15 años del iPhone la evolución de las cuotas de los sistemas operativos móviles presumiblemente determinará, quizás no todavía en 2024, también la dinámica competitiva entre las herramientas de IA, por más que ésta se pueda presentar como abierta e incluso ajena a nuevas fórmulas de generación de ingresos asociadas a la transformación de la publicidad dirigida en internet. Sea como fuere, en la medida en que ciertas facilidades de IA puedan trasladarse al ámbito de procesos operativos, de diseño, fabricación y logística, tal vez en 2024 emerja una auténtica agenda digital empresarial que vaya más allá de los umbrales de seguridad y automatización que asociamos a una primera ola de digitalización de tareas rutinarias.
La celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, el nombramiento de una nueva Comisión Europea con efecto a partir de enero de 2025 y la reorientación de las políticas nacionales de digitalización, con una renovada atención a la autonomía de gestión y a la integridad de la información por imperativos sociales y geopolíticos previsiblemente desemboque en una falta de sintonía en las prioridades de despliegue, una dispersión de esfuerzos inversores y una limitada obtención de beneficios asociados al aumento de escala.
La UE, donde para responder a la soberanía europea de los datos y a un modelo emergente de supervisión del tratamiento de la información personal así como de la creciente efectividad de las herramientas de extracción y composición de la información, se enfrenta al doble desafío de propiciar criterios únicos de admisibilidad de los procesos y de aplicación según contextos de la utilización de tales herramientas así como de asegurar que una oferta cada vez más local del tratamiento y almacenamiento de la información disponible en internet responda a parámetros aceptables a todos los Estados miembros, así como a una visión compartida con otros naciones de la OCDE, particularmente Estados Unidos y Reino Unidos, cuyas orientaciones en materia de avance del desarrollo de la IA y sus aplicaciones no están estrictamente alineadas con las de la UE y los Estados miembros con mayor población, no obstante los compromisos compartidos asumidos en la reciente Declaración de Bletchley.
La intención del Gobierno español, manifestada por el recién nombrado Ministro de Transición Digital, de poner en valor los datos a disposición del Estado, por sí mismo y en colaboración con el conjunto de los agentes interesados puede convertir en realidad la expectativa de una "economía de la información" que suponga una renovación estructural en ámbitos de interés general: sanidad, educación, industria, comercio. La previsible competencia en este terreno de lo público con los promotores privados del aprovechamiento de los datos con ánimo de lucro, siquiera a través de vehículos con aparentes fines benéficos, como el aspirante a líder en IA generativa, OpenAI, suscita interrogantes en el plano de la gobernanza que requieren una prospectiva incierta sobre las implicaciones para el interés general de los modelos emergentes de sociedad y empresa.
En cualquier caso, en el balance de la UE en el cuatrienio 2019-2023, no obstante la inesperada incidencia de la pandemia, que sirvió para poner a prueba los recursos de conectividad para la educación, la ejecución de trabajos en remoto y la colaboración ante la inmovilización general de la población, el balance europeo de avances económicos y sociales, es decir en términos de mejora de la productividad, es bastante pobre, especialmente al comparar la evolución reciente del PIB y de la renta per cápita de la UE y de los Estados Unidos, donde se originan prácticamente todas las capacidades de transformación de los sectores económicos. Arrecian las críticas a una regulación europea excesivamente centrada en los beneficios para el consumidor de cualquier cambio en los mercados relevantes (sea de servicios de telecomunicaciones o de aplicaciones) sobre la única base de la reducción de precios puede efectivamente haber conducido a una pérdida de la capacidad de innovación y del desarrollo de nuevos mercados que de algún modo debiera comenzar a revertirse en 2024.
La doble competencia, en términos de infraestructuras y de producto, con la simultánea imposición de obligaciones y la concesión de ayudas para garantizar la existencia de ofertas de servicio que sirva a objetivos políticos de cohesión social e interterritorial tal vez sea sucedida por una aproximación del supervisor europeo financieramente más consecuente y sostenible. De ese modo se podría superar la asimetría actual entre el mercado de aplicaciones para el gran público, prácticamente oligopolístico para las funcionalidades más demandadas, con mecanismos similares de renovación cualitativa de la oferta y con importantes barreras efectivas a la transferencia de usuarios entre ellos y el de conectividad, que como consecuencia del empaquetamiento de los servicios y el recurso incluso por los operadores de red a la oferta masiva a través de los virtuales, propios o alojados, encuentra grandes dificultades para sustraerse de la constante erosión de precios que imponen la indiferenciación y la disputa de la cuota de mercado.
Con ese panorama en el mercado de las telecomunicaciones será difícil poner en valor los mejores rendimientos de las últimas tecnologías (Fibra óptica en el acceso, 5G) que supusieron cuantiosas inversiones por parte de los operadores de redes. Éstos últimos se han visto obligados a descargar parte del coste de tales inversiones en empresas de infraestructuras que al calor de un coste financiero exiguo pudieron sufragar despliegues con un retorno por debajo del elevado coste de capital de los operadores, íntimamente ligado al reducido crecimiento potencial del mercado total.
En un entorno de tipos de interés reales históricamente elevados, como previsiblemente seguiremos teniendo en 2024, esa oportunidad de reparto de valor será menos atractiva, como refleja actualmente la diferencia entre la cotización y el valor contable de las acciones de las empresas de infraestructuras y de los operadores. De hecho, empiezan a verse procesos inversos de enajenación selectiva de pasivos de red por parte de las empresas de infraestructuras, para adecuar sus balances al potencial presente de generación de caja de sus inversiones.
La separación estructural de infraestructuras y servicios impuesta por los rendimientos decrecientes de los negocios tradicionales de las TIC podría entrar en una nueva fase, en la que partes de los equipamientos activos pudieran ser propiedad de inversores ajenos al negocio a cambio de una remuneración vinculada a la actividad. Así las cosas, también sería posible la transferencia del riesgo asociado a determinados segmentos de ingresos por parte de algunos proveedores -con una especialización calibrada según las circunstancias- en los mercados de gran público e institucional, con el fin de mejorar la posición financiera del segmento retenido, potencialmente sin merma de la capacidad de mantener la competitividad de la oferta final. Nuevas aproximaciones a la competencia y a la cooperación en la cadena de valor de las TIC quizás lleven a otros a incursiones en mercados adyacentes en busca de sinergias pero sobre todo ingresos, del crecimiento que la constante erosión de precios en su negocio principal hacen tan difícil de conseguir.
Quizás sea en el ámbito de la conectividad de dispositivos autónomos (IoT) donde podamos ver en 2024 un cierto dinamismo, siempre cuando formen parte de proyectos de automatización de procesos, con expectativas fundadas de mayor eficiencia o requeridas por la disponibilidad de un número sustancialmente mayor de puntos de captura de información y ésta prácticamente en tiempo real. Tal vez sea en el campo de la ingeniería medioambiental, como parte del desafío global para revertir el recalentamiento global donde este fenómeno de la extensión de IoT, combinado con la posibilidad de procesar series históricas extensísimas con la ayuda de herramientas de predicción de IA tenga un mayor desarrollo en los próximos meses y años, especialmente si puede beneficiarse de la esperada proliferación de centros de procesamiento de datos de proximidad (edge computing en inglés). La emergencia climática demanda además soluciones de adaptación y mitigación de las incidencias medioambientales en todos los ecosistemas y habilitar el acceso continuo a información científica precisa para determinar la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo con tales fines es una misión insoslayable de las TIC.
El año 2024 puede traer una renovación en el mundo de los dispositivos personales de comunicación, especialmente teniendo presente que el estancamiento en el volumen global de smartphones, según datos de la consultora Canalys para el tercer trimestre de 2023. Los avances inconstantes de las comunicaciones audiovisuales en movimiento y de la representación tridimensional de imágenes, por el momento solo apreciables en el campo del diseño industrial, está llevando a los fabricantes de terminales y a los proveedores de aplicaciones de relación a tantear la viabilidad y la aceptación de nuevos dispositivos, como visores y gafas que creen de manera natural experiencias de comunicación interpersonal próximas a la sensación de presencia. Sin duda las realidades aumentada y virtual continuarán su recorrido en 2024, hasta una masificación que todavía no se adivina, pero que quizás tenga alguna manifestación reseñable en la próxima edición de MWC de Barcelona ya en febrero.
Con los mercados europeos de telecomunicaciones dislocados por la presión comercial de los operadores emergentes y los impedimentos a la concentración de los operadores de red, que simultáneamente persiguen un cambio relevante de su modelo de negocio de modo que pueda ser remunerado por quien induce el tráfico (o sea, los titanes de internet o gatekeepers en inglés, especialmente Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft y Netflix, quienes representan más del 80 por ciento de la información almacenada en las nubes públicas, que en el último año han crecido colectivamente en torno al 60 por ciento) en lugar de quien lo genera (o sea, los clientes de los operadores) a través de un modelo justo de financiación de la tecnología, es improbable que se interrumpa en 2024 la dinámica del constante más por menos que caracteriza a las tecnologías públicas de información y comunicación.
El año que llega a su fin ya nos ha mostrado el perfil de los nuevos gestores de las empresas de TIC. Desde la excentricidad de los promotores de las tecnologías más disruptivas -en un símil de la fábula que hinchaba su buche- hasta la contundencia de los planteamientos de los nuevos gestores de los operadores de telecomunicaciones, tan necesitadas de un revulsivo que las rescate del sopor de una industria estancada, el factor humano, con sus dotes de creatividad, solidaridad y empatía pero también menoscabado por la codicia, la estulticia y la soberbia, será determinante del avance en 2024 en el largo tránsito hacia un mundo liberado de la pobreza y del deterioro medioambiental. Las TIC seguirán pues siendo una súper-industria que contribuirá al progreso y el bienestar globales sin una contraprestación conforme al carácter "estratégico" con que se le ha venido a considerar por el Gobierno español en los recientes planes de recuperación, transformación y resiliencia y en la vigente Agenda Digital 2026.
Próxima ya la finalización de la legislatura europea, es también probable que las TIC dejen de recibir en 2024 los importantes recursos públicos para la digitalización de empresas y del sector terciario, universalización de cobertura con las tecnologías más avanzadas para la cohesión territorial y modernización de la infraestructura del último cuatrienio. Las TIC son aliadas probadas en la batalla actual contra la inflación en los países de la OCDE y en la medida en que pueden contribuir a la dinamización de ciertos sectores económicos pueden añadir vigor al débil crecimiento esperado en 2024 del PIB global. Por ambas razones previsiblemente tengan un protagonismo discreto en el desempeño de la economía global en 2024, entre las inquietudes y los anhelos que suscita la IA y los afanes que ocuparán a quienes traten de crear nuevos modelos negocios que aprovechen el potencial de eficiencia y resiliencia para la sociedad europea que aporta un ecosistema robusto e innovador de TIC.
Alberto Horcajo es CoFundador de Red Colmena
