Telecomunicaciones y tecnología

Imputadas 115 personas por la presunta falsificación de contratos de líneas telefónicas de ONO

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Un juzgado de Barcelona está investigando a 115 comerciales de una empresa subcontratada por ONO, que han sido acusadas por la Guardia Civil de falsear los contratos de líneas telefónicas de más de 350 usuarios en 29 provincias españolas, según informa Efe.

Según ha informado la Guardia Civil, los acusados falsificaban las firmas de los usuarios, normalmente personas de edad avanzada, o les engañaban para tramitarles un cambio de operador telefónico que no habían solicitado.

Durante la investigación, que se inició hace un año, los investigadores han encontrado 116 contratos en los que se habían falsificado las firmas de los usuarios y otros 186 se tramitaron después de engañarles y que accedieran a firmarlos.

La compañía ONO se ha personado en la causa como parte perjudicada, ya que los 115 imputados son empleados de una empresa subcontratada que comercializaba sus productos de telefonía y que, para aumentar sus retribuciones, presuntamente han falsificado firmas de usuarios o les ha engañado para tramitar sus solicitudes de cambio de operador.

Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año a raíz de las numerosas reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores por personas que se habían visto afectadas por estos hechos.

Paralelamente, el juzgado de Guardia de Barcelona recibió una denuncia interpuesta contra la compañía de telefonía que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.

Al tener conocimiento de esta denuncia, la empresa suministradora del servicio ONO interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del juez un total de 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre los años 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.

Los empleados imputados captaban a los clientes y les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuvieran contrato para disponer de los datos necesarios y realizar el cambio de operadora.

En unos casos falsificaban las firmas de las víctimas y en otros las convencían para que firmaran bajo el pretexto de que no tendría trascendencia alguna en su facturación, ya que únicamente era a efectos de divulgación comercial.

En 29 provincias españolas

Según la Guardia Civil, los empleados imputados actuaban individualmente y aumentaban sus retribuciones en función de los contratos que conseguían. Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Illes Balears, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante, Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.

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