Un grupo de miembros de la Agencia Tributaria registró ayer las dos oficinas de Google España en Madrid para investigar posibles operaciones fraudulentas relacionadas con el pago de impuestos de no residentes.
Así lo documentan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo juzgado número 29 de Madrid, autorizó la entrada en el domicilio en las sedes situadas en Torre Picasso y en la Calle Moreno Nieto, para cumplir una petición de la Agencia Tributaria del pasado 27 de junio.
Es la primera vez que algo parecido ocurre en España con una multinacional de esta dimensión, pese a que desde hace años existía el convencimiento de que las puntocom estadounidenses aprovechaban los resquicios legales de la UE para rebajar su factura fiscal.
Basta con consultar las últimas cuentas públicas de la filial española -correspondientes a 2014-, para comprobar que los beneficios declarados del líder de la publicidad online en España apenas superaron los 4,46 millones de euros. El patrimonio neto de la filial en 2014 alcanzó los 14,4 millones y los ingresos en el mismo ejercicio rondaron los 55 millones de euros.
Frente a estas cifras, Hacienda se reconoce con motivos para sospechar que Google factura en España cientos de millones de euros, pese a que la gran mayoría de su negocio lo declara a través de su filial irlandesa.
El movimiento realizado ayer por la Agencia Tributaria en España no es insólito en Europa. Ni mucho menos. En los últimos meses se han producido desacuerdos gubernamentales con Google por motivos fiscales de diversa índole en Francia, Reino Unido e Italia.
En el caso concreto de ayer, una treintena de funcionarios de la Agencia Tributaria se personó ayer en las dos sedes de Google en Madrid para registrar los ordenadores y escrutar la contabilidad de la firma, por sospechas de fraude con relación al pago de impuestos en España e IVA.
Fuentes de Google se limitaron a reconocer la existencia de los registros, al tiempo que recalcaron un mensaje ya utilizado cada vez que se cuestiona la ortodoxia fiscal de sus operaciones: "Cumplimos con la legislación fiscal en España al igual que en todos los países en los que operamos". La subsidiaria española también indicó su plena disponibilidad para "cooperar con las autoridades en España para responder a todas sus preguntas, como siempre".
Este mensaje es prácticamente idéntico al que utilizó Google cuando las autoridades galas registraron la sede parisina de la compañía. Fue el pasado mayo cuando agentes del departamento que dirige Michel Sapin, ministro de finanzas francés, irrumpieron de madrugada en las oficinas de Google Francia. Entonces, la administración gala no solo criticaba el uso de agresivas técnicas de ingeniería fiscal por parte del buscador, sino que también reclamaba alrededor de 1.600 millones de euros en impuestos. La reacción de Google, protagonizada por Al Verney, portavoz de la compañía para Europa, se limitó a asegurar lo esperado: que la multinacional cumplía completamente con las leyes francesas y que cooperaba con las autoridades.
En todos los casos, el punto de mira de la Agencia Tributaria se sitúa en la ingeniería fiscal que utiliza la compañía -a través de su filial de Irlanda-, país a través del cual canaliza los impuestos derivados de su actividad en España.
Esa misma actuación es habitual en otras compañías estadounidenses, como Yahoo, Apple, Facebook, Amazon, Twitter o Microsoft, sin que hasta el momento se haya logrado rectificar una situación denunciada en decenas de ocasiones por los rivales europeos de Google.
El pasado enero, en el Reino Unido, el Gobierno de David Cameron llegó a un acuerdo con la filial británica de Google por el que logró que la puntocom pagara 166 millones por impuestos atrasados correspondientes al periodo 2005 y 2015.
Poco después, Italia hizo algo parecido y reclamó al mayor operador de Internet el abono de 227 millones de euros para compensar el pago de impuestos no satisfechos entre 2009 y 2013.
Las penúltimas chispas entre Google y la Agencia Tributaria española saltaron a finales de 2011, cuando Hacienda encargó a sus inspectores que vigilaran las cuentas del buscador, después de que la filial española declarara pérdidas en 2010 y apenas contribuyera con el Impuesto de Sociedades.
En los resultados de Google Spain en 2014, el auditor de la compañía, Ernst & Young, llama la atención que ?la sociedad realiza una parte de sus operaciones con las empresas del grupo Google al que pertenece?. Lo anterior no modifica la opinión del auditor al asegurar que las cuentas anuales de Google España expresan, en todos los detalles significativos, la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera de Google Spain.
En el mismo documento oficial se detalla que la filial española de Google "refactura" por prestación de servicios a la filial de Google Irlanda por un importe de 52,1 millones, por servicios de marketing, así como por adquisiciones y ventas de elementos de inmovilizado material. De la misma forma, Google España también refactura a la matriz por un importe de 2,8 millones de euros, por servicios de Investigación y Desarrollo y pagos relacionados con el personal expatriado.
