Por Alissa de Carbonnel
BRUSELAS (Reuters) - La UE buscaba el miércoles poderes por encima de las regulaciones nacionales sobre vehículos, en un intento por evitar que se repita el escándalo de emisiones de Volkswagen y que inicia un polémico debate mientras los gobiernos y la industria se resisten a los cambios.
Bajo la nueva propuesta, Bruselas podría ordenar revisiones de vehículos, retirarlos e imponer sanciones sobre sus fabricantes de hasta 30.000 euros por unidad por no cumplir con la normativa medioambiental - si no se impone multa por parte del Estado miembro.
Los nuevos planes permitirán a los países de la UE retirar coches autorizados por otras naciones del bloque si se descubre que incumplen la regulación medioambiental.
La legislación es la mayor respuesta de la UE por el momento a la revelación en septiembre del año pasado de que Volkswagen usó un software en vehículos diésel para tratar de engañar a los reguladores en Estados Unidos, un escándalo que ha devuelto la atención a la regulación de coches en Europa.
"Para recuperar la confianza de los clientes en este importante sector, necesitamos endurecer las normas, pero también de que se cumplen efectivamente", dijo Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea para empleo, crecimiento, inversiones y competitividad.
En el caso concreto de Volkswagen sólo el regulador aleman KBA, y no la Unión Europea, tiene potestad para aprobar la circulación de estos nuevos coches de y revocar las licencias, aunque los coches pueden ser vendidos en el mercado único de la UE.
De momento, ninguna autoridad nacional de la UE ha aplicado castigos a Volkswagen, pese a que ha reconocido que 8,5 de los 11 millones de vehículos equipados con el software prohibido circulan en esta región.
Los críticos lo ven como una señal de colusión entre gobiernos nacionales y el sector, que es una gran fuente de empleos y exportaciones en las principales economías del bloque, Alemania y Francia.
Si la nueva legislación es aprobada por los países y el Parlamento Europeo, las futuras violaciones podrían terminar con posibles multas multimillonarias para los fabricantes.
La reforma también trata de romper las cercanas relaciones entre fabricantes y los laboratorios que contratan para probar nuevos coches, introduciendo un fondo por el que se pagará a estas agencias de pruebas.
Con el nuevo plan, el Ejecutivo de la UE podría multar o suspender las licencias de los organismos encargados de las pruebas si las considera demasiado laxas.
Las voces críticas añadieron que los planes se pueden ver mermados por la protección de algunos países europeos a sus sectores nacionales, especialmente desde países euroescépticos como Reino Unido.
Alemania ha intervenido repetidamente en el proceso legislativo de la UE para lograr concesiones para una industria de vehículos que considera vital para su economía.
Las nuevas propuestas no llegan a crear un regulador independiente para la UE, en línea con la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la cual descubrió el escándalo de Volkswagen.
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