MADRID (Reuters) - El Ministerio de Industria ya ha enviado al macrorregulador los esperados parámetros que fijarán las distintas retribuciones de los miles de instalaciones de energías renovables en España y que pondrán fin al antiguo sistema de primas, según varios documentos a los que tuvo acceso Reuters.
El departamento del ministro José Manuel Soria ha remitido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia el borrador de una orden que fijará los estándares de retribución de instalaciones eléctricas a partir de fuentes de renovables, cogeneración y residuos, un documento de 233 páginas que ha acompañado de una memoria con el impacto económico y el anexo con una larguísima lista de estándares.
Con el nuevo sistema, que desarrolla el concepto de rentabilidad razonable avanzado cuando se aprobó el grueso de la reforma eléctrica el pasado mes de julio, el Gobierno se ahorrará este año más de 1.500 millones de euros y busca un modelo de retribución más sostenible tras haberse abonado a través de la factura eléctrica primas superiores a los 50.000 millones de euros en la última década.
Los documentos también han sido enviados a las patronales del sector y la Asociación Empresarial Eólica dijo en su primera valoración de los mismos que el sector eólico es el que más perjudicado sale.
"El 37 por ciento de la potencia eólica instalada en España se queda sin retribución, mientras que al resto se le reduce un 50%, según la propuesta de Orden Ministerial enviada hoy por el Gobierno a la CNMC", dijo la patronal en un correo electrónico.
"Esto supone que cerca del 67% de lo que espera ahorrarse el Gobierno este año como consecuencia de la reducción retroactiva de incentivos al Régimen Especial recaerá sobre la eólica, que tan sólo percibe el 25% de las primas", lamenta la AEE, que recuerda que la energía eólica es en estos momentos la primera fuente de generación del país.
La AEE añade que la propuesta de orden recorta el valor de las empresas del sector, cuyos activos sufrirán depreciaciones, y planteará dificultades para pagar créditos y negociar refinanciaciones de proyectos.
España, que acumula diversas denuncias en relación con la reciente regulación energética que ha llevado a muchas compañías a replantearse su plan industrial, podría de nuevo chocar con reclamaciones jurídicas del sector renovable que está esperando con interés la normativa.
