"Debería exigirse en todos los contratos públicos que el adjudicatario tribute íntegramente en España". La sugerencia la lanzó ayer el nuevo primer ejecutivo en España de SAP, la mayor tecnológica europea.
Rafael Brugnini dejó la propuesta en el aire, quizá esperando que las administraciones centrales, autonómicas o locales se den por enterados y vigilen este tipo de situaciones de sus proveedores tecnológicos. De hecho, la aportación podría tener largo recorrido, no sólo en España sino también en el Viejo Continente, en la batalla que actualmente mantienen los Gobiernos europeos contra las triquiñuelas fiscales de firmas como Google, Amazon o Microsoft, entre otros.
Por su parte, la alemana SAP predica con el ejemplo y recalca que no practica ningún tipo de ingeniería societaria para rebajar su factura fiscal. De esta forma, la compañía paga en España todos los impuestos que le corresponden, por importe de 10,13 millones de euros en 2017 sólo en el Impuesto de Sociedades.
Ante la posible aplicación de un impuesto a las empresas tecnológicas, el nuevo responsable del negocio para el sur de Europa y África francófona, João Paulo da Silva, desaconsejó "tensar la cuerda" ya que todo lo que las empresas destinen en impuestos lo retraerán de la inversión, sin olvidar que muchas organizaciones podrían desplazar sus inversiones en otros países, como ya amenazó Ericsson España cuando se conoció el posible impacto de la denominada Tasa Google o Tasa Digital, que gravaría el 3 por ciento de los ingresos de las tecnológicas que operen en España y que alcancen determinado nivel de facturación, tanto global (750 millones al año) como nacional (3 millones de euros).
Según Da Silva, la aportación del sector público en el mercado tecnológico español pasa por horas bajas al registrar un crecimiento más lento de lo esperado. No obstante, el frenazo en las inversiones y renovaciones de licencias e infraestructuras tecnológicas no se debe achacar a la situación catalana, matizó el directivo. Por el contrario, sí impactó el cambio de Gobierno, de forma que las compras de la administración central se congelaron por completo durante este curso frente a crecimientos del 30 por ciento precedentes, aunque por ahora ya oscilan entre el 10-15 por ciento.
En un encuentro con la prensa especializada, SAP España explicó que durante el último año facturó 423 millones de euros en España, lo que representa un 22 por ciento más que en 2016.
