El pleno del Parlamento Europeo se pronunciará este jueves sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea para reformar las normas comunitarias sobre derechos de autor, que ha generado polémica especialmente por el artículo que obligaría a plataformas como Google, Facebook o Youtube a supervisar los contenidos que los usuarios comparten en ellas.
En concreto, los eurodiputados votarán a favor o en contra de la postura con respecto a esta propuesta que aprobó el pasado 20 de junio la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Si la respalda, los negociadores del Parlamento Europeo podrán comenzar las negociaciones con el Consejo de la UE, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros.
Por el contrario, si el pleno de la Eurocámara no da su visto bueno a esta posición, el inicio de las conversaciones con el Consejo se retrasará al menos hasta septiembre, cuando está previsto que la Cámara debata de nuevo y apruebe unas nuevas líneas rojas de cara a la negociación.
En cualquier caso, incluso si una mayoría de eurodiputados apoya la nueva normativa de Bruselas no significaría que las reglas queden aprobadas, puesto que todavía deberían ser pactadas con los Estados miembros antes de que puedan entrar en vigor en una etapa posterior.
El Ejecutivo comunitario presentó en septiembre de 2016 el borrador legislativo, cuyo artículo número 13 es el que ha levantado una polémica relevante, especialmente en los días previos a la votación en el Parlamento Europeo.
Este artículo establece que las plataformas digitales que faciliten acceso público a "grandes cantidades de obras" adoptarán las "medidas pertinentes" para asegurar el "correcto funcionamiento" de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos de autor o incluso para "impedir que estén disponibles en sus servicios".
No obstante, las enciclopedias en línea no comerciales como Wikipedia y las plataformas de 'software' libre como GitHub quedarán exentas de esta obligación.
Otro aspecto polémico es el artículo 11, que reconoce el derecho legal renunciable de los medios de comunicación a reclamar a las plataformas digitales durante un periodo de 20 años compensaciones por compartir fragmentos de sus contenidos informativos.
