La aplicación de LaLiga ha implantado una nueva función que utiliza la geolocalización y el micrófono del smartphone para averiguar si el usuario se encuentra viendo partidos de fútbol de la competición en lugares públicos de manera fraudulenta.
Esta intromisión en la actividad del terminal personal del usuario, ha hecho que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya abierto una investigación de oficio, según ha explicado en su cuenta de Twitter.
La nueva función, para la que el usuario tiene que dar su consentimiento, se ha incluido a través de la nueva versión de la aplicación, distribuida a través de actualización y de plataformas oficiales desde este domingo, según explica LaLiga a través de una nota de prensa.
Tras obtener el consentimiento, la app es capaz de captar el audio del micrófono, utilizando éste para detectar si el usuario está viendo partidos de fútbol de equipos pertenecientes a LaLiga a través de una emisión ilegal en un lugar público.
LaLiga asegura que la app ha adoptado medidas para proteger la privacidad de los usuarios mientras esta función se mantiene activa. Sin embargo, el usuario da permisos de grabación al software para convertirle en un espía de locales y lugares públicos.
Cómo funciona
La institución se defiende asegurando que no puede acceder al contenido grabado, y que éstos se convierten en un código binario irreversible dentro del dispositivo. Si el código en cuestión coincide con un código previo de control, LaLiga sabrá que se está viendo un partido y si no es así el código será eliminado. A su vez estos códigos irán referidos a la dirección IP del teléfono y al ID de registro en la aplicación, no al nombre del usuario.
Desde la app se han implantado medidas técnicas de protección de privacidad. LaLiga ha asegura que la geolocalización y el micrófono se activan únicamente en franjas horarias de partido. Ade,ás, la aplicación recuerda a través de mensajes periódicos la posibilidad de activar esta función o de revocar su consentimiento.
Con esta función, LaLiga pretende proteger a los clubes y aficionados del fraude en la emisión de partidos por parte de establecimientos públicos. Estas prácticas suponen una pérdida estimada de 150 millones de euros para el fútbol español, según datos de la competición.
