Telefónica ha sido la única empresa que ha optado al concurso para proveer los servicios de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, un contrato que asciende inicialmente a 74,6 millones de euros netos durante los próximos cuatro años, pero que podría elevarse hasta un máximo de 179 millones si se cumple la prórroga de dos años y se ejecutan las modificaciones previstas.
Pese a la cuantía del contrato, Telefónica ha sido la única operadora que ha presentado plicas para ser el proveedor de las telecomunicaciones de la Administración autonómica y de sus 3.600 edificios. La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha sido durante los últimos seis años la encargada de mantener los servicios de telefonía fija, móvil e Internet de la Junta, tras ganar en 2010 el concurso preceptivo.
En aquella ocasión, sin embargo, fueron cuatro las empresas que compitieron para adjudicarse un contrato dividido en seis lotes y con un importe de 96 millones de euros. Junto a Telefónica pujaron Cableuropa (ONO), BT Telecomunicaciones y Vodafone, empresa ésta última que recurrió la resolución del concurso, aunque sin éxito.
Dos lotes
En la nueva convocatoria, publicado el pasado 4 de noviembre, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, saca a concurso dos lotes, uno para Servicios de comunicaciones unificadas, voz fija y movilidad y otro para la Red de datos multiservicio y accesos directos a Internet, aunque incluye una propuesta integrada de ambas.
En el primer lote, que engloba servicios de comunicaciones unificadas, voz fija y movilidad, el importe es de 30 millones de euros (IVA excluido) para los próximos cuatro años, cifra que se ampliaría en otros 15 millones con los dos años de prórroga que se contemplan.
El segundo lote, red de datos multiservicio y accesos directos a Internet, se licita por un máximo de 44,5 millones, cantidad que engordaría en otros 22,2 millones si se extendiese hasta 2022. En ambos lotes, el contrato prevé modificaciones en el caso de que surgiese la necesidad de ampliar servicios.
Para el caso de la telefonía, fija y móvil, el montante máximo que pagaría la Administración autonómica si requiere nuevas servicios sería de 27 millones de euros y en el de datos e Internet de 40,1 millones de euros.
Fuentes de la Consejería de Fomento explican que las modificaciones recogidas responden a la necesidad de alcanzar la total conexión de los 3.600 edificios de la Administración autonómica, lo que supondrá dar conexión a aquellos municipios rurales más alejados. Otra posibilidad es que surgieran nuevas necesidades en función de la asunción de nuevas competencias.
En este sentido, aclaran que la voluntad política de acabar con la brecha digital en las zonas rurales no supone necesariamente desarrollar el contrato en su totalidad, ya que pueden aprovecharse posibles desconexiones de las incluidas en la propuesta inicial para nuevas altas.
168 municipios más
Las modificaciones que recoge el pliego de cláusulas administrativas publicado por el Ejecutivo autonómico incluyen el servicio de alta de 168 municipios dispersos a la largo y ancho de la Comunidad Autónoma, una de las más extensas de Europa. Dentro de las prioridades de esta política de extensión de las nuevas tecnologías a todos el territorio regional -que acapara más de 2.200 municipios- está la mejora de la prestación de servicios en materia sanitaria. En este sentido, las fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por elEconomista aseguran que "el futuro contrato de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, con un valor estimado de 179 millones de euros, ofrece la posibilidad de garantizar la conexión con banda ancha de cualquiera de los consultorios médicos ubicados en el territorio".
En este sentido, aclaran que "los pliegos del contrato otorgan una fuerte valoración a las ofertas que incluyan la mejora de los servicios de telecomunicaciones en aquellos consultorios con mayores dificultades de conexión por sus especiales circunstancias orográficas y poblacionales".
Insisten en que "la implantación de la conectividad a todos los dispensarios médicos de la Comunidad constituye un punto relevante en la agenda política del Gobierno autonómico, si bien el proceso para el logro de este objetivo debe articularse en función del impacto en el servicio público y de las disponibilidades presupuestarias". La resolución del concurso se prevé en los próximos días.
