Las cabinas telefónicas seguirán operativas durante 2017 y parte de 2018, a pesar de la condena a muerte que pende sobre ellas y que amenazaba con su completa extinción en los próximos meses.
Todo parecía encarrilado para que los 18.300 teléfonos públicos pasaran a mejor vida cuando saltó un imprevisto que prolongará la agonía de tan castizo mobiliario urbano: el Gobierno ha decidido dilatar un poco más la existencia de las cabinas. Tras no presentarse ninguna oferta para ofrecer el servicio, el ejecutivo utilizó el sistema de designación directa para obligar a Telefónica a prolongar su servicio.
Para poder desmantelar las cabinas haría falta que el Gobierno, a través de su responsabilidad en el cumplimento de la denominada Agenda Digital, modificara el Real Decreto 726/2011 para poder excluir las cabinas del suelo urbano. "Mientras eso no suceda, las cabinas seguirán al pie de la calle como lo viene haciendo desde hace 88 años", añaden fuentes conocedoras de la situación a elEconomista.
Servicio deficitario
De poco ha servido al operador responsable de estos equipamientos reiterar que el servicio es deficitario y que el uso de los teléfonos es prácticamente residual. Dos tercios del parque instalado no es rentable, mientras que el tercio que cubre gastos no genera ingresos para equilibrar la balanza de la totalidad de las cabinas. "Sólo se utilizan las cabinas para evitar el ruido de la ciudad y conversar plácidamente con el móvil", indica un analista especializado en telecomunicaciones.
"Es una ruina", clama otro experto tras indicar que algunas fuentes del sector cifran el coste en más de cinco de millones de euros al año. Según se desprende de los últimos datos del Coste del Servicio Universal, las cabinas cuestan a los grandes operadores (que se reparten el gasto proporcionalmente), más de 1,3 millones de euros. El regulador sectorial precisa que el total de los ingresos imputables al servicio universal de cabinas es de 21,60 millones de euros, correspondiente a los ingresos derivados de su uso, así como de la explotación publicitaria de los soportes que protegen el teléfono público.
Cada año, la empresa TTP, filial de Telefónica y responsable de la gestión de la cabinas, se ve obligada a realizar media docena de pagos relacionados con la puesta a disposición de la planta de cabinas en la vía pública en España.
Se trata de los siguientes compromisos: Cuotas y tráfico: se refiere a los pagos de TTP a Telefónica en concepto de abono por línea y tráfico telefónico medido; Cánones pagados a ayuntamientos: son abonos relacionados con la explotación publicitaria de las cabinas en vía pública; Subcontratas: gastos de las actividades contratadas a terceros asociadas al mantenimiento y conservación, recaudación y gestión de la publicidad; Materiales: consumo de materiales asociados a reparaciones de cabinas, extraídos del inventario de TTP; Tributos: aluden a la tasa CRTVE (del 0,9% de los ingresos de explotación minoristas) y la Tasa de Operadores que se abona a la CNMC (del 0,1% sobre ingresos brutos de explotación deduciendo pagos mayoristas); Transporte de fondos: costes asociados al transporte de seguridad de los fondos recaudados en las cabinas; y personal asociado al negocio de cabinas: se trata de la retribución del personal propio (plantilla de TTP) asignado al negocio de cabinas.
El móvil acaba con las cabinas
No hace falta ser muy perspicaz para caer en la cuenta de que la popularización de la telefonía móvil es la principal causa de la desaparición de las cabinas. Con una penetración superior al 110%, es decir, cuando cada habitante ya tiene al menos un móvil en el bolsillo, el uso de las cabinas queda reducido para aquellos que se han olvidado el terminal, se han quedado sin batería o buscan un mejor precio para llamar al extranjero.
Respecto al número de minutos de uso de las cabinas, el porcentaje de caída media interanual ronda el 32%, según datos del sector. En este desplome no sólo influye el poder absoluto de la telefonía móvil sino también el acelerado declive tanto de los locutorios como de las denominadas calling cards (también conocidas como tarjetas rasca), que en su momento infringieron un golpe casi letal a las cabinas de teléfono.
Según indican fuentes próximas a Telefónica, las ciudades españolas que más cabinas tienen son Madrid (1.000 teléfonos, aproximadamente), Barcelona (con 500) y Las Palmas de Gran Canaria (alrededor de 400 teléfonos públicos). Hay que remontarse a finales del siglo pasado, en 1999, cuando España dispuso de l mayor número de cabinas en la vía pública, con más de 55.000 teléfonos callejeros. Esta cifra superó los 100.000 teléfonos si también se contabilizaban las líneas fijas públicas en recintos privados, como aeropuertos, hospitales o universidades, entre otros.
