Telefónica considera que la intensa regulación que se produce en materia de protección de datos y privacidad podría representar un riesgo para el desarrollo de algunos servicios digitales innovadores, como es el caso de los servicios de Big Data.
Precisamente este tipo de actividad ha ganado pujanza en los últimos meses en la teleco española tras la reciente creación de la filial Luca. Ésta última es una nueva división con la que Telefónica pretende popularizar la tecnología y prestaciones del Big Data entre todo tipo de empresas e instituciones.
Según se indica en el documento de Registro de Acciones (Folleto Continuado), registrado ante la CNMV el pasado 20 de octubre, la compañía advierte sobre un compendio de normativas que generan incertidumbre en el negocio. Es el caso del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que será aplicable en los estados miembros a partir de la primavera de 2018 y "que introduce sanciones administrativas de hasta el 4% del volumen de negocio anual de las compañías por incumplir las normas de protección de datos".
Decisión del 30 de noviembre
Junto con el resto de las grandes compañías tecnológicas y de telecomunicaciones, Telefónica también está pendiente de la revisión de la denominada directiva e-Privacy, cuya redacción final abordará la Comisión Europea antes del próximo 30 de noviembre con la adopción de una propuesta legislativa sobre la materia. Según indica Telefónica en el referido Folleto Continuado, "el impacto sigue siendo incierto", pese a que apuesta por una orientación favorable que "contribuya a la confianza y conocimiento de los usuarios".
También genera dudas en Telefónica -y en el resto de la industria online- una posible impugnación del Acuerdo de Puerto Seguro. Este asunto, añaden las mismas fuentes, "dificultaría la prestación de servicios en los que se produce una transferencia de datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea a Estados Unidos".
Por lo pronto, el Tribunal de Justicia de la UE declaró inválida la decisión de la Comisión Europea, lo que a su vez dio lugar a un nuevo marco legal desde el pasado 1 de agosto para asegurar la debida protección en el tránsito de datos personales transferidos entre los ciudadanos del Viejo Continente y Estados Unidos.
La compañía española también se reconoce "pendiente" en Brasil de la futura Ley de Protección de Datos en aquel país, "que podría conllevar un mayor número de obligaciones y restricciones para los operadores en relación con la recogida de datos personales y su tratamiento".
