Oi, la principal compañía de telefonía fija del país, presentó ayer la mayor solicitud de protección por bancarrota en la historia de Brasil, después de que se haya quedado sin tiempo para reorganizar sus operaciones y reestructurar deuda por valor de 17.000 millones de euros (65.400 millones de reales).
La solicitud de Oi, el cuarto proveedor de telefonía móvil de Brasil, y de seis de sus filiales se conoció después de que las negociaciones con los acreedores se estancaron este mes de cara a un pago de bonos de julio.
La petición de Oi se produce después de que un número récord de empresas brasileñas solicitaran protección judicial ante sus acreedores en el 2015, después de que la mayor economía de América Latina cayera en su peor recesión en ocho décadas.
Los problemas económicos de Brasil exacerbaron las dificultades de Oi, que se enfrenta a una creciente competencia en los servicios móviles y de datos, una deuda ascendente y la carga de metas de expansión obligatorias de los servicios de líneas fijas después de su fusión patrocinada por el Estado hace ocho años.
La crisis política de Brasil también habría golpeado a Oi, al postergar una reforma a las normas de la industria que podría haber ayudado a la compañía y alentado a los más de 200 tenedores de bonos de la empresa a darle más tiempo para renegociar su deuda, dijeron analistas.
Tras meses de negociaciones
La decisión de solicitar la bancarrota ocurre dos meses después de que Oi y varios acreedores iniciaran negociaciones para reestructurar cerca de 50.000 millones de reales en deuda con bancos y tenedores de bonos (unos 13.000 millones de euros). Las negociaciones se vinieron abajo después de que accionistas clave rechazaran la posibilidad de un acuerdo que reduciría dramáticamente sus participaciones, dijeron entonces fuentes a Reuters.
En un documento presentado al regulador de valores, Oi dijo que la solicitud de protección judicial se deriva de "obstáculos que enfrentó la administración para hallar una alternativa viable con los acreedores".
Las preocupaciones sobre un inminente plan de bancarrota de Oi ganaron fuerza el 10 de junio, cuando el presidente ejecutivo Bayard Gontijo renunció después de que la mayoría del consejo de administración de la empresa objetó a la dirección que llevaban las negociaciones de reestructuración.
La semana pasada, Oi advirtió que sin una reestructuración de deuda, un 92% de su caja se agotaría antes de fin de año, lo que hacía sus operaciones "insostenibles". Una fuente con conocimiento directo de la decisión dijo el lunes a Reuters que la compañía confía en que el regulador de la industria, Anatel, mantendrá la licencia de operación de la empresa durante el proceso.
Las acciones sin derecho a voto de Oi cayeron un 10% el lunes, debido a que el próximo vencimiento de la deuda se sumó a los temores de que la firma pudiera incumplir el pago de bonos o buscar la protección por bancarrota en medio del proceso de reestructuración. Oi tiene casi 200 tenedores de deuda diferentes, que van desde Brasil y Estados Unidos a Suiza y Chile.