Madrid
Los fondos europeos Next Generation y su ejecución mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) colocan al sector público ante una oportunidad única de transformarse digitalmente, un momento histórico sin precedentes que debe aprovecharse de una forma rápida, accesible y transparente, lo cual deja entrever una serie de retos a los que tanto las agencias públicas de transformación digital de las administraciones y las entidades públicas empresariales que los acompañan tendrán que hacer frente.
El más importante de estos desafíos, de acuerdo con los participantes en el observatorio El sector público institucional y su papel en la transformación de las administraciones en el marco del PRTR organizado por elEconomista.es en colaboración con EY, es la sostenibilidad de estas inversiones en el tiempo, ya que deben estar orientadas a proyectos tractores que sigan ofreciendo rentabilidad en el futuro y que pongan al ciudadano en el centro, porque el objetivo de esta modernización es, precisamente, satisfacer sus necesidades.
Se trata de un esfuerzo colaborativo y de todas las administraciones, para llevar a cabo un cambio cultural en el que primen la transformación en lugar de la mecanización, orientando los esfuerzos hacia el dato, la analítica e, incluso, la robótica. Son tecnologías que deben tener un mantenimiento y que conllevan el problema de la retención del talento y de la necesidad de formar a los funcionarios. "Tenemos dos objetivos", explicó Juan Jesús Torres, secretario general de Administración Digital de la Administración General del Estado, "aunar esfuerzos para ofrecer la mejor atención al ciudadano con una nueva perspectiva y conseguir una mayor agilidad en la prestación de servicios".
Xavier Ferré, socio responsable de Sector Público en Cataluña de EY España, se mostró de acuerdo acerca de este objetivo: "La Administración ya lleva muchos años impulsando la modernización de los servicios públicos, pero ahora estamos ante una oportunidad real de transformación hacia un modelo más alineado a esta nueva sociedad de ciudadanos más digitalizados. Hay planes muy ambiciosos, pero vemos un pilar claro, que es poner al ciudadano en el medio".
Los fondos Next Generation son un recurso importante en este caso, pero, como recalcó Xavier Milà, director Gerente del CTTI-Generalitat de Cataluña, también "son un reto", ya que "vienen rápido y de golpe", lo cual es un riesgo desde su punto de vista, especialmente por los procesos internos y regulaciones del sector público.
En este punto hizo hincapié David Francisco Blanco, secretario General de Red.es: "Sobre todo es necesario adaptar el marco jurídico. Se han hecho esfuerzos para tratar de simplificar los trámites, con procedimientos de urgencia, etc. Son las reglas del juego con las que tenemos que conseguir resultados", afirmó, incorporando la idea de que "también hay exigencias de la Unión Europea junto con un panorama complicado de incertidumbre. Es un desafío enorme de una envergadura descomunal". Y es que en la Administración Pública existe una tendencia a la "resistencia al cambio" por lo que es necesario llevar a cabo una estrategia de formación y cualificación para los funcionarios públicos y también para los ciudadanos.
Aún con esta dificultad Milá defendió que existe la capacidad de aprovecharlo si se invierte pensando en que estos proyectos perduren "más allá de 2026". De la misma forma Torres explicó que, ante la dificultad de la gestión , es necesario llevar a cabo una reforma estructural como la que ya se ha llevado a cabo" en otros países y ocasiones". En este sentido, comentó que Nadia Calviño, Vicepresidenta primera del Gobierno "vio la oportunidad de transformar la Secretaría General de Administración Digital en la Agencia Estatal de Administración Digital, e incluyó dicha reforma en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo cual, según sus palabras, permitirá la ejecución de políticas públicas con alto impacto, economía de escala y una mayor eficacia en la prestación de servicios públicos. Asimismo, expresó que queda por delante la ejecución de los proyectos para conseguir los resultados comprometidos, lo que para él sería" la parte más intensa".
"Hay que ejecutarlos con cierta premura e intentar hacer reformas estructurales que nos permitan sostener en el tiempo lo que ahora pongamos en marcha", expresó, al respecto, Julián Cerviño, director de la Amtega, ya que para el ponente el reto principal es la sostenibilidad de los servicios que se pongan en marcha. "El papel de las agencias digitalizadoras es garantizar la seguridad tecnológica de aquello que se ponga en marcha. Garantizar que sea la solución más adecuada, eficiente y sostenible. Ahora hay soluciones fáciles de poner en marcha en el corto plazo, pero no son las más adecuadas en el largo plazo".
En este sentido, Luis Bautista, socio responsable de transformación digital de EY España, incidió en que se deben "dejar de ser tan tecnólogos para convertirnos en administradores digitales. Tenemos que adaptar y desarrollar tecnologías que nos permitan hacer cosas diferentes". "Igual que las carreteras hay que mantenerlas con el tiempo, tenemos que buscar la forma para que la tracción de las inversiones que se generen con los fondos europeos siga en el tiempo y permee dentro de las Administraciones Públicas y no solo en las áreas de que se dedican a los servicios digitales", añadió.
Para ello, Asier Sáez de Vicuña, director de la EJIE, insistió en el protagonismo de las agencias públicas de transformación digital: "En la situación actual, ayudada por los fondos, ya no estamos solo para la ejecución de los servicios IT, sino que llevamos a cabo un papel protagonista para ayudar a lograr una transformación de la Administración orientada a la ciudadanía, puesto que debe mejorar la vida de las personas".
Atracción de talento
Para asegurar el mantenimiento de los proyectos de digitalización que se lleven a cabo, tanto las agencias como las administraciones se enfrentan a un reto que comparten con empresas de otros sectores: la atracción de talento.
"Cuando vamos al mercado a buscar socios, no competimos entre nosotros, sino con todos los sectores que necesitan tecnología, que son más agresivos en precio que nosotros. En determinados ámbitos de actuación, necesitamos colaboración con las empresas del sector privado. Aunque tenemos capacidades propias, la cooperación con el sector privado es necesaria", afirmó Torres, señalando también la ventaja del sector público, que gracias a la ingente cantidad de datos que posee, cuenta con una percepción más exhaustiva respecto a las necesidades de la ciudadanía, las cuales han cambiado en los últimos años. Por ello, puede jugar un papel de "prescriptor de iniciativas".
En general, los participantes de la mesa se mostraron de acuerdo ante el hecho de que las formas de colaboración público-privada están evolucionando hacia relaciones que se mantienen más en el tiempo, como un modelo de partenariado.
"Está cambiando de un modo muy rápido el modelo de contrato. Las administraciones están buscando socios a largo plazo, no proveedores. Cada vez los contratos son de un mayor volumen económico y de una mayor duración, porque para la resolución de los problemas de esas administraciones se necesita generar conocimiento", expresó Manuel Márquez, socio responsable de Consulting para el Sector Público de EY España.
Sin embargo, esto chocaría con la ley de contratación, no permite este tipo de partners, ante lo cual Milà afirmó que la solución es "innovar", un aspecto en el que coincidió con Blanco, ya que habló de la trascendencia de realizar "un esfuerzo creativo" ante las trabas de la Ley General de subvenciones.
"El de los tecnólogos e ingenieros de telecomunicaciones es un mundo muy competitivo. Hemos hecho un estudio de benchmarking retributivo donde está claro que no nos podemos comparar con el sector privado, pero dentro de la propia administración, con entidades comparables y posiciones similares, tenemos márgenes de casi el 30% de diferencia salarial", manifestó Blanco.
"En su comparecencia en el Congreso de los Diputados en junio del 2022, Cristina Herrero Sánchez, presidenta de La Airef indicó que, aproximadamente, un 10% de las licitaciones del sector público estaban quedando desiertas, lo cual es significativo. Las empresas también tenemos que ser muy selectivas a la hora de seleccionar con qué administraciones queremos embarcarnos en los procesos de transformación. Entonces, todo esto está viviendo un ajuste", añadió Márquez.
Ante toda esta serie de retos, Bautista propuso una serie de "recetas". En primer lugar, promover el uso de ciertas tecnologías disruptivas que den una respuesta ágil y que requieran de un menor número de profesionales, ya que deberían basarse en estándares del mercado, ser "más configurables y menos artesanas". A continuación, habló de abordar los procesos de cambio en la contratación mediante "acuerdos-marco de especialización en determinados servicios", lo cual es una tendencia a nivel europeo. Por último, expresó la necesidad de explicar a los clientes de las agencias, en este caso el sector público o los ciudadanos, el valor de la tecnología que se implanta: "Que sepa lo que se ahorra con esta digitalización y el valor que se le aporta".
Proyectos en marcha
Aún con las dificultades añadidas, ya hay una serie de inversiones que se están llevando a cabo para modernizar el sector público.
Así, el Secretario General de Administración Digital señaló la reciente presentación de "Mi Carpeta Ciudadana" con el objetivo de simplificar la relación de la ciudadanía con la Administración a través de internet.
Por su parte, el Secretario General de Red.es afirmó que tienen en marcha una serie de convocatorias en marcha: "Estamos valorando contenidos digitales con 11 millones de euros, 33 millones en inteligencia artificial, un proyecto de investigación digital con más de 100 millones y un programa que estamos la diseñando, precisamente, dentro del componente 19 de competencias digitales básicas para la ciudadanía que, con más de 40 millones destinados a colectivos vulnerables, para acabar con la brecha digital".
Además, nombró "el programa estrella de la casa", el programa oficial para la digitalización de las pymes: el Kit Digital, "que son más de 3.000 millones y en el que hemos incorporado, sobre todo, la simplificación y automatización de procesos con robots que hacen la comprobación de los requisitos de las solicitudes, ahorrando más del 90% en tramitación manual. En los siete meses que llevamos hemos sacado tres convocatorias, con 150.000 ayudas concedidas y un importe de 821 millones".