Con la entrada en vigor de Ley General para Defensa de los Consumidores y de la Ley de Competencia Desleal, se va a comenzar a penalizar con multas y sanciones a aquellos servicios que engañan a sus clientes con reseñas falsas o pagadas además de tener que indicar si las personas realmente han probado el producto.
Las compras en Internet nos han facilitado el acceso a casi cualquier producto, pero al no estar delante de ellos, los clientes se valen de las reseñas y experiencias de otras personas para decidirse por comprar un producto o no. Las empresas saben que una reseña negativa condiciona la decisión, por eso inventaron varias fórmulas para convencerlos a llevar a cabo la adquisición.
Para ello, muchas compañías empezaron a pagar por reseñas, lo que hacía que muchas personas escribieran algo sobre un producto que no habían ni utilizado. Por suerte, desde hoy esto será penalizado por las autoridades y ahora las empresas tendrán que indicar si las reseñas son de personas que realmente lo han adquirido.
Aunque esto no es lo único que recoge la Ley General para Defensa de los Consumidores y de la Ley de Competencia Desleal, ya que también aborda la reventa de entradas mediante "bots", que engañan sobre la disponibilidad de estas. Otro de los aspectos incluidos como competencia desleal será el de que una misma marca varíe la calidad de su producto dependiendo del país en el que lo ofrece.
Con la entrada en vigor de esta normativa, las sanciones podrán alcanzar hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio que se ha obtenido con algunas de estas prácticas ilegales si se han producido en nuestro territorio, en el caso de que la empresa haya actuado en algún país de la Unión Europea se pondrá una multa de hasta un 4% del volumen facturado.
Las sanciones varían dependiendo de la capacidad económica del responsable, el nivel de intencionalidad y el grado de culpabilidad además de otros aspectos como las veces que se ha repetido, el número de usuarios afectados o el nivel de daños. A parte de las sanciones, las autoridades podrán imponer el cierre de establecimientos por hasta cinco años y la requisa de mercancías.
Esto es un gran avance en lo que se refiere a la defensa y protección de los derechos del consumidor online porque así podrán comprar con la certeza de que las opiniones de otros clientes son verdaderas y hechas sin intereses económicos.