Los reguladores irlandeses habrían trabajado con Facebook para desarrollar unos nuevos términos de servicio que esquivasen el GDPR (ley europea de protección de datos).
Esa es la dura acusación de nyob, el centro europeo de derechos digitales, una ONG austriaca centrada en iniciar demandas relacionadas con la GDPR; pero la que presentó en Irlanda contra Facebook por violar estas leyes puede terminar con un "chiste de multa" de hasta 36 millones de euros, una cifra basada en los ingresos de 29.000 millones de euros de la compañía sólo en el segundo trimestre.
En el borrador de la comisión de protección de datos de Irlanda (DPC) también se encuentra el motivo por el que no ha decidido perseguir multas más cuantiosas: porque cree que Facebook no está vulnerando la GDPR, simplemente porque considera que la compañía no tiene la obligación de pedir consentimiento al usuario si le está ofreciendo un contrato.
Un momento, ¿un contrato? En efecto, desde el 25 de mayo de 2018 a medianoche, justo cuando la GDPR entró en vigor, los términos de servicio hablan de un "contrato" para usar Facebook; un término que sustituye a la palabra "consentimiento" en el mismo contexto. Sin avisar a nadie, Facebook cambió los términos de uso de un día para otro sólo para cambiar una palabra, y en nyob creen que lo hicieron aconsejados por los reguladores irlandeses, después de una reunión entre representantes de Facebook y el DPC en el 2018.
Es por eso por lo que la multa propuesta por el DPC no es por vulnerar la GDPR, sino por "falta de transparencia" sobre cómo lo hace; por lo demás, la comisión expresa apoyo a la compañía por la manera en la que no requiere el consentimiento expreso del usuario. Y supuestamente, es porque la propia DPC le explicó a Facebook cómo lo podía hacer.
Esta no es la primera vez que los reguladores irlandeses están bajo sospecha de ayudar a Facebook, que durante años tuvo su sede europea en Irlanda. El mes pasado propusieron una multa de 50 millones de euros por no explicar cómo WhatsApp comparte datos con Facebook, su propietaria; pero cuando el borrador llegó al Comité Europeo de Protección de datos, la multa se disparó hasta los 225 millones de euros, acompañada de una orden para que WhatsApp cambie sus términos de uso. WhatsApp ha confirmado que recurrirá la decisión.
Ahora, lo mismo puede ocurrir con este último borrador; nyob tiene la esperanza de que el resto de las autoridades europeas se dé cuenta de que esta decisión puede enseñar al resto de compañías cómo saltarse la GDPR, haciendo que la gran ley de privacidad europea se convierta en poco menos que papel mojado.
