El Gobierno tiene por delante un curioso dilema para poder recaudar impuestos a Facebook (Whatsapp), Google (Hangouts), Apple (Facetime), Amazon (Alexa) Microsoft (Skype), entre otros. Por un lado exigirá la denominada tasa de operadores a estos gigantes de Internet, pero al mismo tiempo se encontrará sin apenas ingresos que gravar al tratarse de servicios de telefonía y mensajería en su mayor parte gratuitos.
Este nuevo escenario se contempla en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que ahora inicia su fase de consulta pública con el objetivo de entrar en vigor en el segundo o tercer trimestre de 2021.
Según ha explicado Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, en un encuentro telemático con los periodistas, estas compañías de servicios de telecomunicaciones a través de Internet deberán inscribirse en el registro de operadores -en el caso de que no lo estén actualmente-. También deberán abonar la referida tasa de operadores si superan el millón de euros de ingresos al año en concepto de servicios de comunicaciones interpersonales. Como sucede con el resto de los operadores de telecomunicaciones tradicionales, la tasa de operadores gravará el 1 por mil de la facturación de telefonía y mensajería. Sin embargo, en el caso de las compañías estadounidenses, el Gobierno se encontrará que no existen ingresos que gravar puesto que en su practica totalidad son servicios gratuitos. En el caso de las referidas firmas estadounidenses, el Gobierno se encontrará sin ingresos que gravar puesto que en su practica totalidad son servicios gratuitos. Además , la posibilidad de exigir tasas a las grandes plataformas de mensajería se encontrará con otra traba: la ausencia de sede fiscal en España.
Además, la normativa obligará a las plataforma de mensajería "observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales".
La misma normativa que servirá para trasponer al ordenamiento jurídico español el código europeo de las comunicaciones electrónicas también elimina ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas, aunque se podrían mantener los teléfonos públicos -como los instalados en bares- en ciertas áreas rurales, ya que se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.
Por otra parte se fijan las velocidades de acceso que garanticen la prestación de modo funcional de correo electrónico, noticias en línea, educación, videollamadas, búsqueda de empleo o banca por Internet. La futura norma también velará para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario.