"El cierre de la venta está sujeto a las pertinentes condiciones regulatorias". La célebre cláusula aparece en la práctica totalidad de los contratos de compraventa, incluido en el anunciado el 24 de enero de 2019, cuando Telefónica alcanzó un acuerdo con América Móvil (compañía que opera con Claro) para vender el 99,3% de su filial salvadoreña por un importe de 277 millones de euros, incluida la deuda. La incorporación de esa coletilla ha resultado providencial en muchos casos y el último de ellos lo han protagonizado los dos gigantes de las telecos latinoamericanas. De esa forma, la compañía controlada por Carlos Slim ha podido agarrarse a esa salvedad contractual para salvar sus intereses en el último momento. Una retirada a tiempo es una victoria, debieron pensar en la compañía mexicana antes de renunciar a la rúbrica final.
Abundan los ejemplos de compras dislocadas por condicionantes regulatorios. Según un estudio de McKinsey, el sector de servicios de comunicaciones tiene el doble de probabilidades que cualquier otro de abortar las fusiones o adquisiciones por problemas sobrevenidos de Competencia.
La misma consultora estratégica estima que el 15% de las operaciones valoradas en más de 10.000 millones de dólares en el sector de las telecos acaba cancelándose durante la marcha, lo que convierte a ese negocio en especialmente sensible a los dictados y vaivenes de las autoridades antimonopolio. Esos porcentajes afectan a acuerdos que inicialmente parecen encarrilados, pero que acaban desbaratados ante las exigencias de los organismos supervisores de la competencia. Y eso ha sucedido con la frustrada venta de la filial de Telefónica en El Salvador a América Móvil. Por mutuo acuerdo, las dos compañías han dado marcha atrás ante unas exigencias que dificultaban enormemente las cosas para el comprador.
La Superintendencia de Competencia de El Salvador había aprobado dicha concentración del sector, pero a cambio de unas imposiciones muy adversas para América Móvil.
Por el lado de Telefónica, el revés salvadoreño debería encajarse sin sobresalto, no solo por el reducido importe de la operación, sino porque nada impide colocar el activo a otra compañía que no sea líder de la telefonía móvil salvadoreña. Mientras tanto, nada cambia la estrategia del grupo. Telefónica tiene claro su objetivo de poner en valor sus activos en Latinoamérica -excepto Brasil- y, desde hace casi un año, mantiene la puerta abierta a todas las posibilidades. La venta, las alianzas o eventuales salidas a bolsa pueden ser objeto de análisis para un grupo que fijó sus prioridades en España, Brasil, Alemania y el Reino Unido. Por lo tanto, los demás mercados se encuentran en el escaparate, en espera de aprovechar las oportunidades que puedan aparecer o generarse para favorecer la optimización del retorno sobre el capital y el posicionamiento estratégico.
Opciones de salir airosa
Es cierto que la inyección económica de la desinversión impedirá a corto plazo reducir la deuda y fortalecer el balance, pero a medio y largo plazo se abren todas las opciones para encontrar posibles salidas airosas. Eso ha ocurrido tras la espantada de Millicom en Costa Rica, que renunció a la compra de la filial de Telefónica en aquel país sin motivos aparentemente justificados. Sin embargo, todo se enderezó poco después cuando el grupo español colocó el mismo activo a Liberty Latin America, a cambio de 425 millones de euros, lo que supone un múltiplo de 7,4 veces oibda de la filial costarricense.
En El Salvador, la historia es conocida desde la noche del pasado jueves. A través de un escueto comunicado, el grupo español informó de la decisión de rescindir el acuerdo de compraventa "tras un análisis detallado por ambas partes de las condiciones establecidas por la Superintendencia de Competencia para la obtención de la correspondiente aprobación regulatoria, en su reciente resolución sobre la transacción propuesta". Según ha podido saber elEconomista de fuentes del sector, las condiciones establecidas por el regulador local suponían un lastre para el acuerdo entre los dos referentes de las telecos latinas. Así, tanto Telefónica como América Móvil convinieron rescindir un acuerdo que, entre otras condiciones adversas, exigía al comprador renunciar al espectro radioeléctrico procedente de Telefónica, además de la obligación a mantener durante siete años las estrategias de comercialización. Junto a las anteriores restricciones, las autoridades salvadoreñas también imponían la suspensión de las cláusulas de penalización por terminación anticipada de contrato, junto con obligaciones de prestación de servicio de roaming nacional a nuevos operadores entrantes.
Tras esta marcha atrás, el importe que Telefónica deja de ingresar no son los 277 millones de euros inicialmente acordados hace año y medio, sino alrededor de 169 millones de euros correspondientes al 59,6% del capital de Telefónica Móviles El Salvador. Esta operación tampoco representa especial impacto para el grupo español, una vez que el grupo español dispone de más de 24.000 millones de euros en tesorería, con unos vencimientos de deuda cubiertos para los dos próximos años.
