Ahora mismo no están los principales operadores de telecomunicaciones en condiciones de distraerse ni de desviar recursos en asuntos ajenos al mantenimiento de la calidad de la conectividad. Ese argumento, elevado por el sector al Gobierno, ha animado al Ejecutivo a aparcar el calendario de las actuaciones pendientes de la industria para concentrar recursos en lo realmente importante: preservar el óptimo funcionamiento de las redes fijas y móviles. Por ese motivo, el conjunto del sector ha recibido con alivio el retraso tanto en la liberación del espectro como en la adjudicación de los nuevos recursos radioeléctricos, ahora en manos de los operadores de televisión digital terrestre.
Los principales operadores de telecomunicaciones del país (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil), todos ellos representados a través de la asociación DigitalEs, han respaldado la decisión del Gobierno de "adecuar los plazos de liberación efectiva de la banda de 700 MHz y retrasar la licitación de frecuencias hasta que ambos procesos puedan acometerse de manera ordenada y en condiciones de normalidad".
Según valora Alicia Richart, directora general de DigitalES, la patronal sectorial "viene insistiendo sobre la necesidad de que un proceso tan relevante y complejo como la liberación y puesta a disposición del segundo dividendo digital (banda 700MHz) se acometa con las debidas garantías de certidumbre, eficiencia técnica y económica, y seguridad jurídica para el conjunto de agentes involucrados en el mismo".
Ante la gravedad de las circunstancias actuales derivada por la crisis global de coronavirus, DigitalEs considera "adecuado que, ante las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria en nuestro país, la SETID proceda a adecuar los plazos de liberación efectiva de la banda y retrasar la licitación de la misma hasta que efectivamente ambos procesos puedan acometerse de manera ordenada y en condiciones de normalidad". Esa opinión fue la que DigitalEs transmitió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el pasado 20 marzo, en respuesta al trámite de audiencia e información pública sobre el "Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva".
Richart apunta que "las actuales circunstancias entrañan una serie de riesgos operativos, financieros y estratégicos ligados a este proceso que no pueden ser asumidos por el conjunto de agentes involucrados y aconsejan máxima prudencia, así como la reconsideración de los citados plazos". Por todo lo anterior, la directiva de DigitalEs recalca "que los recursos de los agentes directamente afectados se encuentran focalizados, en la situación de emergencia sanitaria, en el mantenimiento y operación de los servicios y tecnologías en servicio".
