No hay tregua con Huawei. Estados Unidos ha añadido presión a la ya delicada relación comercial e institucional que mantiene el país con el mayor proveedor de infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, un comité del Gobierno presidido por Donald Trump está redactando una disposición extraordinaria que supondría la eliminación completa del equipamiento de la compañía china en los Estados Unidos. Pese a que la presencia de la compañía asiática ya es mínima en aquel país, sin actividad de venta de móviles y reducida únicamente a redes fijas, la decisión en ciernes podría suponer la desaparición de la tecnológica de ese mercado. En esta nueva vuelta de tuerca no sólo pierde Huawei, sino también los pequeños operadores estadounidenses ahora obligados a invertir altos presupuestos en cambiar de redes por vía de decreto.
Por lo pronto, la administración Trump está dispuesta a disponer de un fondo de mil millones de dólares (913 millones de euros) para que los pequeños operadores locales puedan sustituir los equipos adquiridos a Huawei por tecnología de red de otros fabricantes libres de sospecha. Para que este tránsito de una infraestructura de red por otra no suponga un perjuicio para las empresas que han sido clientes de Huawei en el pasado, Estados Unidos se ha propuesto salir al rescate de las compañías damnificadas y evitar que incurran en cuantiosos gastos. En nombre de la seguridad nacional, cualquier gasto parece asumible ante los ojos del inquilino de la Casa Blanca.
Equipos sospechosos
A través de un comunicado, los representantes de la Subcomisión de Comunicaciones y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos esgrimen que la referida propuesta ayudaría a "los proveedores de servicios inalámbricos pequeños y rurales a erradicar los equipos de red sospechosos y reemplazarlos por equipos más seguros". Según la misma subcomisión, "empresas como Huawei y sus filiales pueden representar una amenaza significativa para los intereses comerciales y de seguridad de Estados Unidos". Fuentes estadounidenses apuntan que si el proyecto de ley se convierte finalmente en norma de obligada aplicación, los fondos serán administrados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). A partir de ahora, el proyecto de ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables continuará su periplo legal por otros cuerpos legislativos de los Estados Unidos. Los operadores interesados deberán realizar su proceso de solicitud para poder optar a las futuras ayudas.
Este anuncio se produce una semana después de que el comisario de la FCC, Geoffrey Starks, hiciera un llamamiento a las autoridades para que se aseguren de que los operadores rurales no sufraguen el coste de retirar los equipos de sus redes.
