La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) asegura que el déficit del año 2016 se situará entre el 4,1 y 4,7%. En esta ocasión, la culpa no será de las comunidades autónomas, cuyo desvío se quedará en un 0,8%, sino de la Administración Central, que cerrará el año con un desfase de entre el 2,1 y el 2,8%.
Por si falta algo, la AIRef añade que es necesario que se ahonde el plan de De Guindos de recuperar los tipos mínimos en el pago fraccionado de Sociedades, para que el agujero se quede en la parte baja de la horquilla.
Se habla de subir las retenciones a las empresas al menos un 20%, y de convertir la medida en permanente para alcanzar la meta del 4,1%. El tipo mínimo que se pide es tan elevado que genera dudas. De aplicarse, el impacto sobre la tesorería de las firmas sería innegable, ya que tendrán que planificar mayores gastos de los previstos. Con todo, el efecto real sobre el desvío del déficit no sería definitivo.
En el mejor de los casos nos faltan 4.000 millones para cumplir con Bruselas. El problema es que no hay plan B. Un Gobierno en funciones no puede ir más allá. Carece de facultades para formular unos nuevos Presupuestos que definan un techo del gasto más restrictivo. Tampoco puede afrontar las reformas que el país necesita. Lo único que es capaz de poner en marcha es la recuperación de medidas, como la de Sociedades, que desaparecieron con la reforma fiscal.
Estamos sin duda ante otro paso en vano que lo único que hace es demostrar que España necesita un acuerdo de investidura. Será la única manera de cumplir con Bruselas, de evitar la multa millonaria y de asegurar el crecimiento económico.
