El Gobierno entra en una guerra de cifras sobre el coste de las ayudas al carbón tras bajar a la mitad el apoyo con tarifa eléctrica.
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció ayer que durante la presente legislatura el sector del carbón ha recibido 3.000 millones de euros en ayudas, tanto con cargo a la tarifa eléctrica como a los Presupuestos Generales del Estado. También ayer, Mercedes Martín, directora general de Carbunión, la patronal del sector, afirmó durante una rueda de prensa que cerrar "bien" las minas tiene un coste de 4.000 millones, según informan varias agencias.
Martín, que no se plantea el cierre de las minas, ha aclarado a elEconomista que esa cifra incluye la restauración ambiental del entorno de las explotaciones mineras y la jubilación y la recolocación de los trabajadores.
Martín ha criticado que el plan de cierre español "no va a llegar a 700 millones y de reestructuración no se ha dicho nada". También ha destacado que esos 4.000 millones son una cantidad muy baja en comparación con lo que ocurre en el extranjero -en Alemania costará 14.000 millones- y que es muy importante clausurar bien las minas, "porque en Reino Unido, por ejemplo, tienen un coste perpetuo de 40 millones anuales en afecciones a los acuíferos".
Consultada también por el volumen de apoyo público sostenido por el secretario de Estado, lo ha considerado "exagerado". Cree que en el cómputo se han debido de incluir, además de las ayudas entregadas con la tarifa eléctrica -unos 1.200 millones en los últimos cuatro ejercicios-, las subvenciones a las empresas mineras -unos 220 millones en el mismo período-, las prejubilaciones de los trabajadores, las infraestructuras viarias en las cuencas carboníferas y otras partidas.
La patronal minera también ha echado sus cuentas sobre el coste que tendrá el apoyo al carbón con la tarifa eléctrica durante los próximos tres años; frente a los 405 millones calculados por Industria, estima que se quedarán en 365 millones, porque no todas las centrales térmicas acometerán las inversiones que se les exigen para reducir sus emisiones de óxidos nitrosos y percibir los pagos. Según sus expectativas, ni Anllares -de Gas Natural Fenosa- ni Compostilla 2 -de Endesa- lo harán. En cualquier caso, ha reclamado que el nuevo mecanismo de apoyo se apruebe cuanto antes, para evitar un año "catastrófico" en el sector.
Con vistas al futuro, Martín ha destacado que, de acuerdo con los informes que maneja la Comisión Europea, al final de la década serán necesarios unos 4.000 MW de nueva capacidad firme, y ha señalado la competitividad del carbón frente al gas: 200.000 euros por megavatio instalado frente a 750.000.
El secretario de Estado, por su parte, también afirmó que el Gobierno está dispuesto a apoyar al carbón, "pero no a cualquier precio", porque "no se puede invertir centenares de millones, que los pagan el conjunto de los españoles, perdiendo capacidad de crear empleo en otras áreas".
El ministro de Industria, José Manuel Soria, también se refirió ayer al carbón en dos actos públicos y su mensaje fue muy similar en ambos: el Gobierno apoyará al carbón dentro de los límites que establece la UE, que quiere tener las minas cerradas en 2019.
