El paquete de sanciones, anunciado en enero, es el tercero más grandes de la historia del regulador y suma 98,2 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha suspendido la aplicación de las sanciones que la CNMC impuso a las principales empresas concesionarias de los servicios de basuras en enero, por presuntas prácticas anticompetitivas desarrolladas en el seno de la principal patronal del sector, la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip).
Las multas, las terceras más elevadas del organismo regulador de los mercados, suman 98,2 millones y afectan a 39 empresas y dos asociaciones de limpieza urbana, gestión de residuos industriales y de recuperación de papel y cartón. Los principales socios de Aselip, las empresas Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial) recibieron sanciones de 23, 16, 15 y 13 millones respectivamente. Sobre la propia patronal recayeron 200.000 euros. La CNMC acusaba a las citadas empresas de haber desarrollado un Código Deontológico en el seno de Aselip que propiciaba el "boicot" a los ayuntamientos, porque les comprometía a apoyarse en ciertos casos, como las negociaciones salariales o la obligación de asumir las deudas que hubiera dejado el anterior contratista en las licitaciones de nuevos contratos.
Aselip siempre ha negado que se cometieran actuaciones anticompetitivas, argumentando que sus miembros sólo se han defendido de los abusos de la Administración. Francisco Jardón, presidente de Aselip, insiste en su inocencia y en la de sus socios: "Hablar del cártel de la basura es ridículo, parece una película de Walt Disney".
