En España se hace minería del agua subterránea en Levante y Canarias. Es una práctica beneficiosa pero insostenible, que la legislación, la planificación y el mercado no contemplan adecuadamente.
La explotación de las aguas subterráneas es algo habitual en España; de hecho, el 35 por ciento de todos los recursos hídricos aprovechados anualmente, unos 7.000 hectómetros cúbicos, tiene esa procedencia. Lo normal es que los acuíferos se recarguen con los ciclos naturales y que se mantenga un equilibrio dinámico entre la extracción y las reservas que no tiene mayores consecuencias. Sin embargo, cuando la explotación del agua subterránea supera la capacidad de recuperación y se extraen las reservas, se está practicando minería del agua.
No hay que confundir la minería del agua con la explotación intensiva. No hay minería cuando se usan las reservas subterráneas para compensar las variaciones estacionales o interanuales -algo habitual, sobre todo en períodos de sequía-, sino cuando el tiempo de recuperación tras el cese de la extracción supera dos generaciones humanas o más de 50 años. En algunos casos, como sucede en Arabia Saudí, donde más de la mitad de agua consumida procede de la minería, la recarga natural de los acuíferos, si llegara a producirse, duraría unos cuantos siglos.
Los efectos de la minería son todavía poco conocidos y se asimilan a los de la sobreexplotación, aunque puede haber sobreexplotación sin llegar a la minería: desaparición de manantiales, reducción de caudales y secado de ríos y humedales, pérdida de la calidad del agua subterránea por salinización, e, incluso, hundimiento paulatino del terreno, como sucede en el entorno de la murciana población de Lorca.
La minería del agua subterránea sólo se da en zonas áridas. En España no es una práctica común: sólo el 4 por ciento de toda el agua subterránea aprovechada, unos 300 hectómetros cúbicos anuales, tiene ese origen, pero es fundamental allí donde se practica, mayoritariamente en el Levante y en las Islas Canarias.
Precisamente esas dos áreas geográficas han sido estudiadas recientemente por el Departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña, con financiación de Aqualogy y la supervisión de CETaqua. El resultado del análisis, dirigido por el catedrático Emilio Custodio, es el informe titulado Aspectos hidrológicos, ambientales, económicos, sociales y éticos del consumo de reservas de agua subterránea en España: minería del agua subterránea en España, que repasa detalladamente el estado del arte. "Sólo se han quedado fuera la salinización y la contaminación, aunque son aspectos muy importantes y en muchas ocasiones los más preocupantes", en palabras del propio Custodio.
Descenso de diez metros anuales en los acuíferos
Las reservas de agua subterránea en el Levante se evalúan en unos 60 kilómetros cúbicos, de los que se pueden extraer unos 25, durante un plazo temporal estimado entre 15 y 120 años. En algunos acuíferos, el descenso del nivel del agua desde el inicio de la explotación supera los 300 metros, con tasas superiores al metro anual, que llegan fácilmente a los cinco y los diez metros en ciertos períodos. El caso más claro de sobreexplotación está en Murcia, donde más del 12 por ciento de los recursos hídricos consumidos anualmente no son renovables.
El caso canario es muy diferente, por la intensidad de la explotación: las islas, sin aguas superficiales -en Gran Canaria los manantiales se secaron en la década de 1950-, se alimentan de la captación de lluvia y las aguas subterráneas. Allí los descensos de los niveles de los acuíferos oscilan entre los 100 metros de Gran Canaria y los 300 de Tenerife, donde tiene una gran importancia el drenaje natural al mar.
"La minería del agua -dice Custodio- no tiene que ser necesariamente mala y puede dar notables beneficios; aunque no sea sustentable a largo plazo, puede ser un tránsito hacia el futuro". La planificación, por lo tanto, es fundamental para mantener el desarrollo que el agua no renovable ha permitido.
Internalizar el agotamiento en el precio
Los consumidores, sobre todo los grandes beneficiados por la minería, los agricultores, no pagan más por explotar un recurso no renovable. En Levante el precio del agua subterránea está entre 0,3 y 0,4 euros por metro cúbico, que puntualmente pueden subir hasta los 0,9 euros en caso de sequía. En Canarias los precios son mayores, del orden de 0,5 euros por metro cúbico y pueden aumentar hasta el euro en situación de escasez.
"Los costes actuales del agua subterránea, aun en condiciones de minería, resultan accesibles, de modo que la tendencia es a continuar, a menos que haya actuaciones administrativas intensamente disuasorias o se apliquen subvenciones para favorecer el uso de otras fuentes de agua", sentencia Custodio.
El problema es que la minería acarrea costes ambientales y sociales que no están valorados y que, en realidad, se trasladan al futuro. Además, hay numerosos escollos legales que dificultan la gestión racional de los recursos, con vistas al largo plazo -no hay un inventario de los derechos existentes, ni control real de la extracción-, y las pocas herramientas jurídicas disponibles, como la declaración de acuífero sobreexplotado, no se han mostrado eficaces.
Cambio en la regulación
Con todo, el mensaje en el que coincidieron la mayoría de los ponentes fue en la necesidad de modificar la legislación vigente. Según Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología de la Universidad Complutense (Madrid), "la directiva europea lleva 20 años atrasada en conceptos básicos". En este sentido, defendió que la planificación es algo "fundamental", pero que hay que dar un paso más para ajustar la normativa a la realidad de nuestro país para mejroar la explotación de aguas subterráneas.
En palabras del director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (IEA), Francisco Cabezas, "la sobreexplotación siempre ha tenido una connotación negativa, pero gracias a ella se ha logrado un desarrollo muy importante en muchas regiones, tanto económico como social, aunque se han obtenido diferentes resultados según la zona y la planificación que se ha realizado. Ni los ríos, ni los humedales, ni los acuíferos son todos iguales. El reto es individualizarlo". "Hay que lograr un cambio", añadió Cabezas.
¿Dónde está el límite de la extracción?
Se estima que la minería de agua subterránea ha extraído unos 15 kilómetros cúbicos de líquido elemento en España, pero no está nada claro cuánta más se puede aprovechar, porque en los cálculos hay muchísimas variables y los resultados son muy inciertos. El principal factor es la porosidad drenable del terreno.
El Instituto Geológico y Minero de España realizó un estudio del Levante en el año 1997 en el que estimaba como más probable que en Almería quedaran reservas para unos 15 años, en Murcia para 60, en Alicante para 120 y en Valencia para 130. En el caso de Almería ya se ha cumplido el plazo -en puridad, oscilaba entre los 10 y los 75 años- y sigue habiendo agua.
El control del nivel del acuífero de Cuevas Blancas, en Gran Canaria, revela que éste descendió 100 metros entre 1974 y 1985, lo que hizo temer su agotamiento; sin embargo, desde entonces se ha estabilizado, y fluctúa con ligeros cambios.
Pero la cantidad de agua recuperable no es el principal factor limitante, sino su calidad y el coste de extracción: en Valencia, sobre 2.500 hectómetros cúbicos existentes, sólo es viable aprovechar 200, mientras que en Alicante, con 7.000 hectómetros de existencias, se calcula que se podrían aprovechar 6.000.
