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Fuerte descontrol en las balsas de riego

  • En Murcia hay más de una balsa de riego por kilómetro cuadrado
  • Las grandes balsas deberían disponer de planes de emergencia

La Administración apenas supervisa las balsas de riego; ni siquiera sabe cuántas hay y la aplicación de la normativa de seguridad brilla por su ausencia. 

Una balsa no es una presa. Las dos sirven para atesorar agua, pero tienen grandes diferencias. Por ejemplo, las presas están en los cauces de los ríos y se abastecen de la escorrentía, mientras que las balsas se suelen ubicar en zonas altas y se alimentan con agua procedente de pozos o acequias. Por esta razón, las presas soportan avenidas, mientras que el caudal que llega a las balsas está controlado. Y por eso las presas tienen una normativa de seguridad que se remonta a 1967, mientras que la normativa de seguridad de las balsas sólo existe desde 2008 y, además, no se aplica.

¿Quiere esto decir que son más seguras las balsas que las presas? Pues depende de qué balsa, porque hay alguna digna de considerarse gran presa, y hay muchas otras cuyo vecindario cambió: donde hubo huertas ahora hay urbanizaciones y las balsas pueden representar una amenaza para sus habitantes. Por eso, cuando se reúnen ciertas condiciones, las balsas deben tener un plan de emergencia, como las presas.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Primero habría que saber cómo son las balsas para clasificar su umbral de riesgo y exigirles o no el plan de emergencia y, para eso, deberíamos tener censadas las balsas existentes, algo todavía pendiente. En España hay unas 1.300 grandes presas, pero ni idea del número de balsas. La Asociación Técnica Española de Balsas y Pequeñas Presas (Ateba) calcula que rondan las 50.000, pero hay estimaciones de 80.000 e incluso de 100.000. La mayoría, lógicamente, están en la España seca.

Sólo algunas comunidades autónomas han hecho recuento de sus balsas. Por número total la primera es Andalucía, con 16.543, pero por densidad, Murcia se lleva la palma, con unas 15.000, más de una por kilómetro cuadrado. También la Comunidad Valenciana, que ha promulgado normativa propia, es relevante, con más de 3.500.

"Muchas comunidades autónomas están un poco perdidas con la seguridad de las balsas. Les corresponde a ellas controlarlas, porque la mayoría están fuera del dominio público hidráulico, y no disponen ni de presupuesto para ello", dice José Mª González, presidente de Ateba, antes de añadir que "las balsas se comportan, por lo general, con nobleza y seguridad, pero en algún caso también ha habido accidentes; suelen romperse por erosión interna".

El problema está en que el número de balsas se ha incrementado sustancialmente con la modernización de regadíos y el uso del agua regenerada, y no es infrecuente que se hayan construido sin cumplir las exigencias mínimas, a lo que hay que sumar la antigüedad y la ausencia de revisiones técnicas. González, que no es alarmista, sostiene que "en algún caso pueden existir riesgos superiores a los de algunas presas", precisamente porque la percepción del peligro y la sensación de vulnerabilidad son menores.

Sin normativa de seguridad adecuada

Si las comunidades autónomas no están haciendo los deberes, tampoco es que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) lo esté haciendo mejor. El Real Decreto 9/2008, en el que aparece por primera vez la definición legal de balsa, debería regular su seguridad, pero su aplicación está pendiente de la elaboración de tres normas técnicas. Los últimos borradores tienen cuatro años y ni siquiera se ha constituido la Comisión Técnica de Seguridad de Presas que debe informarlos, entre otras funciones relacionadas con el aumento del control y la seguridad. Otras medidas, como un nuevo registro de seguridad de presas y embalses, también brillan por su ausencia.

Hasta que estén listas las nuevas normas técnicas se aplica la normativa existente, pensada exclusivamente para las presas. Según ésta, sólo deben disponer de planes de emergencia aquellas que, en caso de rotura, puedan poner en peligro vidas humanas u ocasionar daños a viviendas, con independencia de su tamaño.

Ahora bien, aun suponiendo que se supiera dónde están las balsas y cuáles son sus características actuales -¿han construido una carretera al lado? ¿Ha recibido un mantenimiento correcto?-, los planes de emergencia de las presas tampoco son adecuados para las balsas: "Obligan a colocar sirenas en mitad del campo -ironiza González-, algo que, especialmente en zonas con alta densidad de balsas, no tiene mucho sentido".

No es raro, por lo tanto, que apenas haya planes de emergencia para balsas. Además, a los propietarios, regantes en su inmensa mayoría, tampoco les gustan, porque elaborarlos e implantarlos como les exige la Ley, conlleva un coste.

Tres categorías, según el riesgo potencial

Las presas y balsas se clasifican en tres categorías. A las dos primeras se les exige tener un plan de emergencias:

Categoría A: su rotura o mal funcionamiento puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales.

Categoría B: puede ocasionar daños importantes o afectar a un reducido número de viviendas. 

Categoría C: puede producir daños moderados y sólo incidentalmente pérdidas humanas. 

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