El sudoeste de EEUU está sediento y California lleva la peor parte; en una situación desesperada, cambia las leyes y aprueba un Programa de medidas por 7.545 millones de dólares
Henry Vaux, presidente emérito del Foro Internacional Rosemberg sobre Política del Agua, inauguraba una reciente Jornada organizada con la Fundación Botín sobre la gestión de la sequía en España y California con una afirmación lapidaria: "California atraviesa la peor sequía de los últimos 1.000 años". Desde luego, los datos indican que 2014, tras una década con escasas lluvias, fue el más cálido y seco, con diferencia, del que se tiene constancia. Y la situación irá a peor por culpa del calentamiento global: varios estudios sostienen que la frecuencia y la dureza de las grandes sequías en la zona no va a hacer otra cosa que incrementarse en las próximas décadas.
En la actualidad, la sequía afecta a 64 millones de personas en varios estados -Nevada, Nuevo México, Arizona?- pero en ninguno tiene tanta gravedad como en California, un territorio con el 95 por ciento de sus recursos hídricos en el norte montañoso y la mayoría de la población en el árido sur, en el que sólo acostumbra a llover tres o cuatro veces al año. "Cada generación necesita una sequía severa para no dejar de prestarle atención al problema" afirma con buen humor Jay Lund, de la Universidad de California, Davis.
Afortunadamente para los californianos, su Estado dispone de unos inmensos acuíferos -los más grandes suman nada menos que 34 kilómetros cúbicos-, que le han permitido convertirse en uno de los más ricos del país. Ahora bien, padecen una tremenda sobreexplotación y la dinámica es a todas luces insostenible.
Los acuíferos de California cubren hoy en día el 70 por ciento de las necesidades del Estado -la media anual ha rondado el 40 por ciento-, están al 35 por ciento de su capacidad, y la excesiva extracción impide que se recarguen. Además, la calidad de sus aguas se está deteriorando rápidamente por la intrusión del agua de mar y la elevada concentración de nutrientes procedentes de la agricultura.
Un modelo local e ineficiente
Buena parte de los problemas tiene su origen en el modo en que se ha abordado la gestión del agua. Desde la llegada masiva del hombre blanco a California, empujado por la fiebre del oro de finales del siglo XIX, la transformación de la hidrología natural ha sido muy importante y se ha hecho de un modo un tanto caótico. Por eso ahora se intenta dar un golpe de timón y gestionar el agua de un modo más integral.
En California no hay un modelo de cuenca, como en España, sino que prima la actuación local, a pequeña escala, que se encarga del 85 por ciento de todos los recursos hídricos. Además, hay muchísimos trasvases: si en España hay infraestructuras capaces de trasvasar 500 millones de metros cúbicos anuales, allí la cifra asciende hasta los 10.000 millones de metros cúbicos anuales.
El resultado de esa descentralización no sólo afecta negativamente a la eficiencia del aprovechamiento del recurso hídrico; también está perjudicando mucho a los ecosistemas: si antaño hubo lagos y humedales, hoy no queda nada de ellos, y las especies acuáticas están en serio peligro: sólo el 22 por ciento de los peces de los cursos fluviales presentan un grado aceptable de conservación, la mitad que hace 25 años.
Hacia una gestión más integrada
Dada la dificultad de la situación y las malas perspectivas, por el calentamiento global y el aumento de la población -crecerá en 12 millones, hasta alcanzar los 50 millones en 2050-, las autoridades han empezado a implicarse más en serio y a adoptar medidas para evitar el colapso.
Desde que comenzó la sequía se han venido aplicado fórmulas variadas: aumentar las infraestructuras y las conducciones de agua, si bien con más coherencia que hasta ahora; incrementar las tierras en barbecho y cambiar el tipo de cosechas; abrir nuevos pozos -solución denominada del salvaje oeste, por su descontrol-; mejorar la coordinación de las agencias locales con las autoridades estatales y federales, etc.
Las autoridades locales, como no podía ser menos, han llevado la voz cantante en el proceso, y buena prueba de ello es que ya hay ordenanzas sobre la explotación de los acuíferos en 30 de los 58 condados. Además, se han establecido numerosos incentivos para el ahorro de particulares y empresas, y las estructuras de las tarifas han variado al objeto de penalizar el derroche: para los mayores consumos se llegan a multiplicar por ocho los precios de los básicos.
Las medidas de ahorro también han llegado a la energía hidroeléctrica, que cubre alrededor de la mitad de la demanda de luz de California. Heather Cooley, del Pacific Institute, destaca que una docena de estas empresas han adoptado medidas especiales para ahorrar agua; algo que sólo hacían tres en 2008 y ninguna en 1990.
La aplicación de estas y otras medidas, algunas muy criticadas, ha permitido que el consumo haya bajado un 9 por ciento durante 2014.
Un programa de 7.500 millones
Ahora bien, el gran cambio, tras el fracaso de pedir ahorro voluntario a la población -precisamente en el sur del Estado, en Los Ángeles, donde más escasez hay, el consumo ha aumentado-, llegó pasado el ecuador del año, con dos importantes normas "que buscan mejorar la gestión de los recursos hídricos, procurando evitar los trasvases", en palabras de Richard Howitt, también de la Universidad de California, Davis.
La primera de las nuevas leyes ha creado un programa de 7.545 millones de dólares en bonos para mejorar la calidad y la disponibilidad del agua, así como nuevas infraestructuras. Sus principales partidas son: 2.700 millones para aumentar la capacidad de almacenamiento, 1.500 para la recuperación del estado natural de los ecosistemas y 900 para mejorar la sostenibilidad de los acuíferos. Otras dos áreas destacadas son el aumento de la seguridad hídrica, integrando las muchas actuaciones regionales y la gestión de aguas pluviales -810 millones-, y la potenciación del agua regenerada, para lo que se destinarán 725 millones.
La segunda de las leyes, calificada de histórica, es específica para mejorar la gestión de los cruciales 127 acuíferos importantes, y permitirá la supervisión del gobierno estatal y su intervención en algunos casos puntuales. Además, se tendrán que crear agencias locales de gestión de las aguas subterráneas en junio de 2017, que tendrán que elaborar planes de gestión para ellas entre 2020 y 2022.
La intención de las autoridades californianas es que con estos cambios normativos se garantice la sostenibilidad del sistema durante los próximos 20 años. Los expertos no se atreven a avalar que vaya a ser así, pero valoran muy positivamente las nuevas leyes.
Más de 2.200 millones en pérdidas sólo durante el año pasado
Los impactos económicos directos de la sequía en California son enormes: sólo durante el año pasado las pérdidas ascendieron a más de 2.200 millones de dólares y desaparecieron 17.100 puestos de trabajo. La mayoría de estos daños se localizan en la agricultura -la más valiosa de todo EEUU, con ventas por 45.000 millones anuales- y la ganadería; entre ambas han perdido algo más de 1.000 millones, a los que hay que sumar los costes adicionales del bombeo del agua subterránea, estimados en 454 millones. A todo ello hay que añadir una reducción de la producción hidroeléctrica estimada en 1.400 millones desde 2012.