El borrador de la futura Ley del agua urbana, aparcada por el Gobierno tras la marcha de Arias Cañete a la Comisión Europea, reconoce el Derecho Humano al Agua y establece un mínimo de 50 litros diarios por persona.
En febrero del año pasado, Miguel Arias Cañete se comprometió a presentar una ley para "regular de forma conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de agua de uso urbano" en un plazo de meses. Su promesa se desvaneció en otoño, cuando fue nombrado Comisario Europeo de Clima y Energía; hoy, como ha reconocido en el Parlamento su sucesora al frente de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, está fuera de las previsiones del Gobierno.
Sin embargo, en esos meses se llegó a elaborar un borrador de la Ley, en el que participaron varios catedráticos universitarios, donde se esbozan las líneas generales de la futura ordenación del sector, algo pendiente desde hace demasiado tiempo; el propio texto, al que ha tenido acceso elEconomista Agua y Medio Ambiente, reconoce "una gran dispersión regulatoria" que "ha dado lugar a importantes ineficiencias en la prestación de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano".
Uno de los aspectos más llamativos del texto es el reconocimiento expreso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, de acuerdo con la Resolución 64/292 de la ONU, aprobada el 28 de julio de 2010. El borrador, en la exposición de motivos del texto legal, reza así: "La Ley, ratificando el compromiso del Estado español con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, ha considerado conveniente incorporar por primera vez a nuestro Ordenamiento Jurídico el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del suministro de una cantidad básica de agua de hasta 50 litros por persona y día para beber, cocinar, preparar alimentos y para la higiene personal, así como el derecho a verter ese mismo volumen de agua a las redes de saneamiento".
El volumen de 50 litros no es casual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todo ser humano necesita de 50 a 100 litros de agua diaria, dependiendo de sus circunstancias, y ese es uno de los criterios objetivos establecidos para saber si un Estado cumple o viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
Otro de esos criterios objetivos es el coste. Leo Heller, relator especial de la ONU para el Derecho al Agua, lo explicaba el mes pasado en estas mismas páginas: "El Derecho Humano al Agua no significa que el servicio tenga que ser gratuito". Así pues, el agua no debe ser gratis, pero sí barata: menos del 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Violación del Derecho al Agua en los países ricos
Este último criterio abre la puerta a considerar una nueva dimensión de la pobreza hídrica, hasta ahora circunscrita a la población más mísera de los países del tercer mundo, porque la crisis económica y el paro está provocando una fractura social en los países ricos, y cada vez más familias no pueden sufragarse los mínimos vitales de agua.
El caso paradigmático es Detroit, antaño potencia industrial norteamericana. En 1950, la ciudad contaba con 1,8 millones de habitantes y unas infraestructuras del ciclo urbano acordes con ese tamaño, pero en la actualidad cuenta con menos de la mitad, 700.000 habitantes, que tocan a mucho más en el reparto del coste de esas infraestructuras: cada hogar abona unos 75 dólares mensuales.
El hundimiento de la industria de Detroit ha arremetido duramente contra la población obrera de la ciudad. En marzo del año pasado, casi el 50 por ciento de los 323.000 abonados de la conurbación eran morosos -retraso de 60 días en el pago de las facturas o deuda mayor a 150 dólares- y se desencadenó una oleada de cortes de agua por impago que fue denunciada como una violación de los derechos humanos por la predecesora de Heller en el cargo, Katarina Albuquerque.
Pero no hace falta ir al otro lado del Atlántico para encontrar casos en los que podría vulnerarse el Derecho Humano al Agua en sociedades opulentas. En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Grecia consideró inconstitucional la privatización de la compañía de aguas de Atenas -demandada por la antes llamada Troika como parte de las condiciones para rescatar al país- porque entendió que se ponía en riesgo la salud pública.
La situación, nueva, requiere un análisis que está en marcha: Heller tiene previsto desplazarse a algún país Mediterráneo -quizá España- para analizarla sobre el terreno. El Relator partirá de la base de que el Derecho Humano al Agua no admite retrocesos en los niveles de aplicación.
El precio del agua debe ser asequible para todos
El borrador de la futurible Ley del ciclo urbano se adentra en este espinoso asunto, y sostiene: "El derecho incluye la garantía de recepción de los servicios de suministro y saneamiento a un precio asequible. Si la Administración competente para la aprobación de las tarifas decidiera, atendiendo a circunstancias de orden socioeconómico, establecer precios sociales para los consumidores incluidos en el ámbito de este derecho, deberá adoptar al propio tiempo medidas oportunas para no poner en riesgo el principio de sostenibilidad económico-financiera del servicio y para hacer efectivo el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua que establece la Directiva 2000/60/CE".
Es decir, la norma deja las manos libres a los ayuntamientos para subsidiar a los vecinos menos pudientes, pero siempre y cuando tengan en cuenta que es necesario mantener operativas y en buen estado las infraestructuras a la hora de echar las cuentas.
No hay ninguna referencia más al Derecho al Agua en todo el borrador; no remite a una regulación posterior la articulación del disfrute de esos 50 litros y ni siquiera hay mención alguna a los casos de extrema necesidad cuando establece el delicado procedimiento de corte por impago, que se efectuaría 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación de las cantidades adeudadas.
La futura Ley, por lo tanto, no modificaría sustancialmente la situación actual en España, donde cada Ayuntamiento tiene potestad para establecer tarifas sociales y para hacerse cargo directamente de los casos más graves, previo informe de los servicios sociales. Lo malo es que estos subsidios, así como las ayudas de las ONG y las propias operadoras de agua, se han incrementado mucho con la crisis, a la par que han subido el coste de los servicios: en la última década, mientras que los salarios medios han bajado, la factura mensual del agua per cápita ha subido alrededor de un 30 por ciento, y en algunas poblaciones esa subida ha sido aún mayor.
España, en manos del voluntarismo
Con esa cruda realidad en mente, se multiplican las iniciativas para subsidiar el agua. Basten los ejemplos de las dos principales ciudades del país.
El pasado mes de enero, la Autoridad Metropolitana de Barcelona aprobó un programa de cinco millones de euros para ayudar a las familias a afrontar sus gastos de agua, luz y gas. Con independencia de este paquete, la empresa suministradora, Aguas de Barcelona, viene sufragando el agua a unas 30.000 familias a través de su Fundación; en los últimos dos años ha destinado para ello 1,7 millones, pero el problema crece -sólo el año pasado fueron 1,2 millones- y augura que este año las ayudas escalarán hasta los dos millones.
También en enero, Tomás Gómez, ex cabeza del PSOE en Madrid, declaraba que durante los nueve primeros meses de 2014, el Canal de Isabel II "cortó el agua a 7.700 familias que no podían hacer frente al pago de la factura del agua". Al mes siguiente, el Canal anunciaba una nueva reducción de la tarifa para familias con escasos recursos que deja el recibo en nueve euros cada dos meses a cambio de 140 litros diarios.
Estas muestras de solidaridad y salvaguardia del bienestar común son bienvenidas, pero no dejan de ser medidas que dependen del voluntarismo. Así parecía haberlo entendido Arias Cañete y así parece entenderlo el PSOE, que acaba de presentar una Proposición no de Ley en la que reclama "reconocer el Derecho al Agua y al Saneamiento de conformidad con las recomendaciones de Naciones Unidas".
El PSOE reclama que se ponga fin a los 'desahucios hídricos'
Se acercan las elecciones y los partidos políticos de izquierdas lanzan propuestas para aumentar la protección de los menesterosos -un 27,3 por ciento de los españoles, más de 18 millones de personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social-, entre las que no falta garantizar el acceso a un mínimo de agua y de energía.
El PSOE ha presentado una Proposición no de ley en el Congreso en relación a la lucha contra el desahucio hídrico, junto con otra relacionada con la pobreza energética. En ella, el principal partido de la oposición estima que "más de medio millón de hogares han sufrido anualmente avisos de cortes y cortes ejecutados en el suministro de agua". Aunque reconoce que no hay datos oficiales al respecto, también sostiene que "el número de personas que no disponen de suministro de agua en sus hogares se ha multiplicado por cinco desde el inicio de la crisis".
El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, ha propuesto la bajada del IVA aplicado al agua, actualmente situado en el 10 por ciento, hasta dejarlo en el tipo superreducido del 4 por ciento.
Crece, pues, la intensidad del debate sobre el acceso al agua de los más pobres.
A un lado militan la patronal de referencia del sector, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (Aeas), así como otras instituciones, tal la Generalitat de Cataluña, que niegan sin matices que en España las familias se queden sin agua por no poder pagarla, porque actúan los servicios públicos de protección social.
Al otro lado están los colectivos sociales y las ONG que reclaman la creación de fondos sociales para cubrir las necesidades de los que menos tienen, particularmente activos en Cataluña y Andalucía, donde pesa la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
En cualquier caso, no conviene confundir los avisos de cortes de agua -"amenazas", según los más radicales- con los cortes de agua reales. Los datos de Aeas dicen que cada año se producen casi un millón de avisos de cortes de agua por todo el país, pero sólo el 0,5 por ciento afectan a hogares realmente insolventes, lo que arroja la relativamente modesta cifra de unos 5.500 casos. La Asociación también subraya que el 88 por ciento de la población española tiene acceso a distintos tipos de bonificaciones en la tarifa del agua.
Fórmula para actualizar la tarifa del agua en todo el territorio nacional
El borrador de la Ley -muy borrador- regula muchos otros aspectos del ciclo integral del agua urbana. Prefiere que éste se gestione unificadamente y estipula que los ayuntamientos justifiquen "no acudir a la fórmula de gestión integrada por un mismo operador".
Una de las grandes demandas del sector, la existencia de un organismo regulador, se recoge por partida doble: por un lado, otorga funciones de supervisión, control y gobernanza del mercado, con énfasis en la resolución de conflictos, a la CNMC; por otro, crea un Observatorio Estatal encargado de controlar, en función de unos estándares de calidad, la correcta prestación de los servicios por parte de los operadores. Nuevas tasas servirían para financiarlos. Una de las principales funciones del Observatorio sería "supervisar la correcta aplicación de la estructura tarifaria básica".
El borrador, que deja muchas cosas en el aire, sí se detiene a establecer una fórmula polinómica para actualizar las tarifas en todo el país -algo muy inusual en una Ley-, de modo que se recuperen todos los costes. También apuesta por el fomento del gua regenerada, reclamando su uso "siempre que sea posible" y por la desalación, aunque en este caso exige convenios con los futuros usuarios del agua a desalar para que garantizar que ésta se compre.