Las arcas públicas españolas (y francesas) se encuentran en riesgo de tener que costear la fallida concesión del AVE España-Francia.
El 31 de este mes es la fecha fijada para que entre en concurso TP Ferro, la concesionaria de uno de los proyectos heredados del tiempo del boom económico: el tren de alta velocidad que pretendía unir Barcelona con París en 7 horas. En TP Ferro participan la gala Eiffage y la española ACS.
El día 31 se producirá un vencimiento de deuda que asciende a 428 millones, que los dos socios no están dispuestos a cubrir, alegando falta de liquidez. Y aprovechan que el tiempo corre a su favor: sus compromisos de aportación de fondos vencen este mes; a partir de marzo, la concesión volvería a los Estados francés y español. La situación puede recordar al conflicto en el que se halla inmerso Fomento para salvar las autopistas de peaje en concurso.
Con todo, en relación a TP Ferro, hay una diferencia importante: a la banca acreedora le interesa más que se active la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que renegociar su acuerdo con ACS e Eiffage, lo que supone una condonación de deuda.
Por tanto, una comparación más acertada relacionaría el caso con el fiasco de la hibernación del almacén de gas Castor. De nuevo, la constructora pretende que el Estado cargue con los costes de un proyecto fallido.
De hecho, ya intentó obtener, judicialmente, una indemnización por el bajo tráfico que registra el AVE España-Francia. Ahora busca verse protegida por la activación de una figura legal, la mencionada RPA, cuya existencia debe replantearse.
Como el Castor enseñó, el tiempo de las concesiones públicas con riesgo cero para el concesionario tiene que llegar a su fin.