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Industria reducirá la seguridad ambiental de las gasolineras

Un decreto en fase avanzada de tramitación aumenta la seguridad de las grandes gasolineras para evitar vertidos de hidrocarburos, pero la reduce en la mayoría. El coste para el sector es de 450 millones de euros.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) está culminando la tramitación de un Real Decreto que modifica las exigencias de seguridad de las estaciones de servicio. Concretamente, de los tanques de almacenamiento de carburante y de las tuberías que lo distribuyen hasta los surtidores. Estas instalaciones, según reza la norma a sustituir, el Real Decreto 1523/99, "pueden verse alteradas y deterioradas como consecuencia del contacto con agentes corrosivos, oxidantes, etc., propios de la naturaleza de los terrenos circundantes, elementos constructivos y otras instalaciones anexas, dando lugar a fugas incontroladas que originan la contaminación del medio ambiente y creando el peligro de concentraciones explosivas o incendios".

Las fugas de hidrocarburos que pueden darse en las estaciones de servicio son ínfimas en comparación con los grandes vertidos, como los causados por el hundimiento del Prestige en Galicia o la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, pero aun así deben evitarse; pueden ser notablemente dañinas si alcanzan las aguas subterráneas.

En EE UU, para detectar los vertidos, la Agencia de Protección Ambiental realiza catas periódicas en los terrenos que rodean las instalaciones y encuentra más de 80.000 casos anuales. En España, alguna comunidad autónoma también ha hecho catas y hay petroleras que tienen un plan de catas, pero no es algo generalizado; lo normal es que aquí los vertidos se detecten gracias a las pruebas de estanqueidad de los tanques y las tuberías que se ejecutan periódicamente. Sólo si la prueba de estanqueidad indica que hay pérdidas se debe dar parte a las autoridades públicas y proceder a limpiar la zona afectada.

Un 20 por ciento de las estaciones ha tenido fugas

Una encuesta de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), realizada sobre una muestra pequeña, de 130 gasolineras, la mayoría en Cantabria, indica que el 20 por ciento de ellas ha sufrido una fuga en alguna ocasión y que éstas han oscilado entre los 300 y los 1.000 litros de combustible.

En EEUU, los costes de remediación de estos vertidos -retirar los hidrocarburos y recuperar el entorno natural de acuerdo con su legislación- oscilan entre los 10.000 y los 125.000 dólares, aunque, si el carburante llega a los acuíferos, el coste se puede disparar de 100.000 a un millón de dólares.

En España apenas hay datos, y es muy significativo que en la encuesta de Cees el 75 por ciento de los gasolineros que declaran haber tenido fugas desconozca si ésta se ha remediado; únicamente un caso, en Valencia, indica que la restauración ambiental costó 50.000 euros.

Límite de pérdidas de 100 mililitros por hora

Como nueve de cada 10 vertidos se producen por el deterioro de las tuberías y los tanques de almacenamiento, el Real Decreto 1532/99 estableció un sistema de detección de fugas en ellos capaz de descubrir pérdidas de 100 mililitros cada hora, esto es, unos 750 litros anuales. La prueba clave de estanqueidad debe hacerse anualmente y los equipos que la realicen, itinerantes, han de estar evaluados por un laboratorio de ensayos acreditado que compruebe su correcto funcionamiento. En España sólo hay un laboratorio de este tipo, Icimlab, ubicado en Vizcaya y creado en 2002.

Fuentes de Icimlab denuncian numerosas irregularidades en la aplicación de la normativa durante los 16 años que lleva en vigor y acusan de falta de diligencia y de rigor al Minetur a la hora de inspeccionar el correcto funcionamiento de los procedimientos de seguridad establecidos: "Muchas de las autorizaciones que se han expedido no son válidas porque se han utilizado equipos que no pueden detectar fugas de 100 mililitros por hora y han sido supervisadas por organismos sin competencia acreditada, como la Universidad Jaume I de Castellón".

Desde que la norma entró en vigor, las comunidades autónomas han ejercido la potestad de eximir de las pruebas de estanqueidad a las gasolineras y sólo el País Vasco ha exigido hacerlas bajo pena de sanción máxima de 6.000 euros. Desde Icimlab se asevera que más de 2.000 estaciones no han pasado las pruebas que exige la normativa.

450 millones de euros de inversión y lucro cesante

El decreto de próxima aprobación -fuentes del Minetur indican que la tramitación está muy avanzada y que sólo falta algún informe para elevarlo al Consejo de Ministros- obligará a todas las nuevas estaciones de servicio a disponer de tanques y tuberías de doble pared, mucho más seguros que los de simple pared, porque se pueden ubicar sistemas de detección de fugas permanentes entre ambas paredes.

Además, todas las estaciones de servicio existentes deberán reconvertir sus instalaciones para que dispongan de la doble pared, pero con muchas diferencias dependiendo de su tamaño.

Las gasolineras con ventas superiores a los tres millones de litros anuales -unas 4.100, el 40 por ciento del parque total- deben transformarse en función de la edad de la gasolinera: las mayores de 40 años dispondrán de tres años para el cambio, plazo que se va alargando hasta llegar a nueve años en el caso de las estaciones menores de 20 años. El coste unitario de adaptación rondará los 165.000 euros.

Aproximadamente el 30 por ciento de estas estaciones ya disponen del sistema de doble pared, pero según los cálculos de la memoria económica de la propuesta normativa, el coste de conversión para el 70 por ciento restante asciende a 328 millones de euros. Otras modificaciones técnicas exigidas, no sólo a las grandes estaciones, más el lucro cesante por las obras -duran un mes-, conllevan un coste total para el sector de 450 millones de euros.

Manga ancha para las estaciones pequeñas

En cambio, las gasolineras con ventas inferiores a los tres millones de litros anuales -unas 6.200, el 60 por ciento del total- pueden optar por transformar sus instalaciones a la doble pared o por establecer un sistema de seguridad distinto al vigente, basado en el control de las existencias de combustible; además, si escogen lo segundo, estarán eximidas de incorporar la doble pared hasta 2040.

Este sistema alternativo, más barato que la comprobación física de la situación de las instalaciones, se denomina "reconciliación de inventario" y consiste en restar a las ventas de un determinado período los albaranes de compra y el carburante que aún haya almacenado en los tanques. El seguimiento de las existencias que permite detectar un descuadre -y la consecuente fuga- se hace telemáticamente, con modernas herramientas informáticas; varias empresas se dedican a ello globalmente, operando desde Reino Unido y EE UU.

Es decir, el propietario de una gasolinera pequeña tiene que elegir: o gastarse en el mejor de los casos más de 100.000 euros en reconvertir las instalaciones -lo que le puede llevar directamente a la ruina- o cambiar al sistema de reconciliación de inventario, y entonces se ahorra más de 1.500 euros anuales, porque no tiene que hacer las pruebas de estanqueidad, y, además, puede seguir así 25 años más.

A la vista está que, económicamente, el cambio es muy rentable; la memoria del nuevo decreto augura un ahorro para el conjunto del sector de 13,5 millones de euros anuales. El problema es que el sistema de reconciliación de inventario es más laxo en cuanto al umbral de detección de fugas: no detecta pérdidas inferiores a 400 mililitros por hora, esto es, unos 3.000 litros anuales.

¿Mejor o peor para el medio ambiente?

En Icimlab están muy preocupados porque el cambio normativo supone cerrar el laboratorio, ya que ninguna gasolinera va a hacer las pruebas de estanqueidad. Según afirman, el sistema de reconciliación de inventario oculta la detección de vertidos hasta que éstos se manifiestan en el medio ambiente: "El sistema de reconciliación se presta a la manipulación, entre otras cosas porque las pérdidas de carburante durante la recarga de los tanques son muy importantes. Además, el deterioro de las instalaciones de almacenamiento de combustible, de acero, es progresivo; suponiendo que hubiera una fuga de 100 mililitros a la hora, ésta tardaría entre cuatro y cinco años en convertirse en una fuga de 400 mililitros. La nueva normativa, en realidad, disminuye la seguridad y oculta la posibilidad de detectar los vertidos, tanto los que hay como los que habrá, para no tener que pagar su remediación".

El Minetur y otros actores, como la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), admiten que el umbral de detección sube, pero insisten en que no por eso disminuye la seguridad.

Una respuesta parlamentaria del Gobierno sobre la materia al diputado Joan Baldoví, critica largamente el sistema de detección actual -impide la competencia de fabricantes de equipos de detección, realmente no detecta fugas de 100 mililitros por hora, hay problemas con el gasóleo?- e indica que "el plazo medio de detección de la pérdida de estanqueidad de un depósito puede establecerse entre los seis y 30 meses [hay otra prueba quinquenal, con los tanques vacíos], si no existen evidencias externas de fugas, frente a plazos semanales o quincenales que permiten las nuevas tecnologías".

Desde la AOP defienden que el borrador conocido de la norma, muy trabajado durante cuatro años, incorpora a la regulación las mejores tecnologías de detección de fugas disponibles en el mercado, aplicadas en la mayoría de la UE, y se desea que el Gobierno lo apruebe cuanto antes para acabar con la incertidumbre.

Los propietario de las gasolineras pequeñas, por su parte, aceptan lo que les dicen los especialistas, que se contradicen. Son conscientes de que retrasar el cambio hasta 2040 es poco menos que sine die, pero para ellos ya es problemático sobrevivir con ventas inferiores a los tres millones de litros anuales, precisamente el umbral establecido por el próximo decreto para elegir entre pagar y poner doble pared o ahorrar con el sistema de reconciliación de inventario. El hecho de que sólo haya un laboratorio para acreditar las pruebas de estanqueidad tampoco les parece la mejor situación.

En EEUU, la referencia internacional, el sistema de reconciliación de inventario opera desde 1990, pero hay estados que no lo admiten como sistema único de verificación, como Winsconsin, Michigan, Vermont, Connecticut o Rhode Island.

Posible fraude de 70 millones de litros anuales

El 75 por ciento de las estaciones de servicio tienen instaladas bombas de aspersión para extraer el carburante de los tanques y suministrárselo a los vehículos. El restante 25 por ciento dispone de bombas de impulsión sumergidas en los tanques, lo que incumple el reglamento de instalaciones petrolíferas vigente porque estas bombas no cuentan con el certificado que les autoriza a operar en áreas de atmósferas explosivas, según denuncia Icimlab. Además, al operar a presión, tampoco permiten realizar las pruebas de estanqueidad neumática establecidas, porque se provocaría un vertido en caso de fuga.

Adicionalmente, las bombas de impulsión trabajan a una temperatura que varía entre 40º y 80º centígrados, y, al estar sumergidas en los carburantes, utilizan éstos para refrigerarse con el intercambio de calor. Como resultado, el combustible se dilata y realmente se sirve menos cantidad a los conductores.

Las estimaciones de Icimlab, considerando un incremento de 10º, ascienden a 71 millones de litros anuales servidos de menos en toda España. Los gasolineros compran el carburante a una temperatura de 15º -algo muy importante a efectos fiscales-, pero no tienen obligación de servirla a esa misma temperatura a los conductores. De hecho, habitualmente hay cambios de invierno a verano.

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