El Gobierno y la Comunidad Valenciana adoptan un protocolo que abre la puerta a la construcción de una segunda conexión entre ambos ríos que no ha tardado en encender los ánimos entre regantes, partidos políticos, ecologistas y sindicatos como ya sucediera con la planificación de la primera toma hace diez años.
Los temores y cuitas del pasado han vuelto a cobrar protagonismo en las provincias de Valencia y Alicante tras el visto bueno del Consejo Nacional del Agua al nuevo Plan Hidrológico del Júcar y a la posibilidad de trasvasar nuevos caudales hasta el río Vinalopó.
De hecho, que el Consejo de Ministros aún tenga que aprobar esta planificación, lo que presumiblemente se producirá a finales del mes de mayo, no ha impedido que una lluvia de argumentos a favor -comarcas de Alicante- y en contra -comarcas de Valencia- haya comenzado a crispar los ánimos entre los regantes, las fuerzas políticas y las organizaciones ecologistas.
Como ya sucediera a comienzos de la década pasada con el primer trasvase, aún fuera de uso por varias deficiencias en su construcción, los interesados y los afectados no piensan recular, al menos de momento.
A la solución de este conflicto tampoco ayuda la extrema sequía que está padeciendo la provincia de Alicante, una de las más graves de los últimos años, que amenaza las cosechas de miles de agricultores y que ha puesto en alerta a las autoridades de la zona. Para este verano ya se prevén incluso limitaciones en el consumo de agua en muchas comarcas.
El origen del conflicto se encuentra en un protocolo firmado por el Gobierno y la Consejería de Agricultura de Valencia a finales de marzo. Un documento complementario al plan hidrológico en el que se abre la puerta a la construcción de una segunda toma en el Júcar para conectar con el Vinalopó y que califica el trasvase ya existente de solución provisional.
El mismo José Císcar, consejero de Agricultura de la comunidad, ha declarado que esta solución es muy necesaria dada la situación de déficit hídrico severo que sufren las comarcas del Vinalopó y aunque ha evitado hacer cualquier referencia al trazado que tendrá la futura conexión todo hace indicar que, de desarrollarse finalmente este proyecto -está en estudio-, la nueva toma estará situada aguas arriba del Júcar para conectar con el Vinalopó desde Cortes de Pallás.
Esta opción es la que aparece recogida en el plan de trasvase original aprobado durante el mandato de José María Aznar pero que con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue modificado para terminar abordando la ejecución de la obra desde Cullera (Azud de la Marquesa), en la desembocadura del río.
Un cambio de planes con el que el Ejecutivo socialista quiso apaciguar los ánimos por el miedo a que se viera afectado el caudal natural del Júcar y para garantizar los sobrantes al Vinalopó pero que ha traído consigo nuevos inconvenientes, como el hecho de que la calidad de las aguas en este punto del río por el arrastre de sedimentos y sales minerales limite su uso a abastecer exclusivamente a la agricultura y no sirva para cubrir las necesidades urbanas de las localidades receptoras, lo que encarece mucho el precio del agua trasvasada.
Y no solo eso. Al margen de que la alternativa de Zapatero suponía 20 kilómetros más que la opción de Cortes de Pallás, lo que incrementó sensiblemente el coste de construcción, el desnivel existente entre Cullera y Villena, inicio y final del trasvase, también supone un mayor coste energético por la necesidad de bombear más agua, elevando así el precio de cara al consumidor final.
Todos estos inconvenientes, sin embargo, se desestimaron para que en 2007 comenzara la construcción del trasvase con la oposición de la Comunidad Valencia y los regantes de Alicante. Con toda la obra ejecutada y ya en pruebas, sin embargo, apareció el contratiempo, que aún hoy tiene paralizado el trasvase, de las filtraciones en la balsa de San Diego (Villena), donde está previsto almacenar el agua proveniente del Júcar.
Ahora, tratando se seguir la senda del éxito cosechado en las negociaciones para el trasvase Tajo-Segura, el Gobierno y la Comunidad Valenciana han cerrado este nuevo principio de trasvase de una manera opaca, casi secreta, y sin contar con lo opinión de las comunidades de regantes de comarcas como la Ribera, una de las que más se vería afectada por el proyecto, según denuncia José Pascual, presidente de los regantes de Sueca: "Ha sido todo un engaño y no consentiremos que avance un segunda toma, iremos a Bruselas o donde haga falta".
Modernización de regadíos
Para tratar de contar con el apoyo de estas comarcas el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de reactivar la modernización de sus regadíos con una inversión estimada de más de 50 millones de euros, de manera que los consumos de agua que se reduzcan, no se vean afectados frente a este segundo trasvase y se generen excedentes hídricos que poder canalizar al Vinalopó.
Pero la solución no ha gustado entre los afectados, que apuntan a que esta nueva toma irá destinada a abastecer a las poblaciones de Alicante, a la recalificación de suelos y a alimentar, por tanto, la especulación urbanística.
Además, tampoco se fían de las promesas de modernización de los sistemas de riego hechas por la administración, muy numerosas en el pasado pero siempre incumplidas.
Por su parte, los grupos ecologistas alertan de que el desvío de más caudales del Júcar tendría un efecto nefasto sobre el lago de La Albufera, el más grande de España y una de las zonas más húmedas de la península que se surte del agua de Júcar para mantener su riqueza medioambiental.
Juan Valero, secretario general de la unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), ha declarado a elEconomista Agua y Medio Ambiente que "los datos del plan Hidrológico del Júcar dejan muy claro que solo existen sobrantes en la desembocadura como consecuencia de las aportaciones del tramo final del río por lo que tomar aguas de Cortes de Pallás o desde cualquier otro punto del río supone llevarse un agua que van a necesitar los usuarios del Júcar en el futuro".
El problema aquí, según aclara Valero, es que la cuenca del Júcar es deficitaria por lo cualquier trasvase sólo podría tener lugar en el caso de que se produzcan caudales sobrantes, lo que no suele ser habitual. "El plan de cuenca reconoce que en los sistemas del Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes y solicita para cubrir este déficit 175 hectómetros cúbicos de recursos externos para el Sistema Júcar", concluye.
Por su lado, las comarcas de Alicante alegan que gracias a esta segunda toma el coste del agua trasvasada se repartirá entre agricultores y zonas urbanas lo que servirá para reducir su precio y para dar viabilidad económica al trasvase desde Cullera, que corre el riesgo de quedarse sin usuarios por las elevadas tarifas que tendría que asumir la agricultura de la zona del Vinalopó, muy centrada en la exportación.
Además, según apuntan, coger agua desde Cortes de Pallás evitaría que las localidades de Alicante siguieran explotando los acuíferos del Vinalopó por encima de su capacidad de regeneración natural. Un actividad con importantes consecuencias medioambientales que ha llamado incluso la atención de la Comisión Europea.
No obstante, teniendo en cuenta que el agua trasvasada dependería del estado del caudal del Júcar, no se descarta que en ocasiones muchas localidades tengan que abastecerse de forma complementaria con agua desalada procedente de la planta de Mutxamel.
La oposición a esta nueva toma desde Cortes de Pallás, la cual podría recibir el visto bueno técnico en septiembre, ha provocado que la Mesa por el Júcar, la plataforma que engloba a ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ecologistas y regantes en contra del trasvase, haya anunciado movilizaciones este mes y el que viene.
Las voces contrarias a este proyecto también se han dejado escuchar dentro del propio Partido Popular. Y es que el presidente de la comarca de la Ribera Alta, Rafael Soler, del PP, ha querido complicar aún más las cosas al considerar inaceptable un segundo trasvase al Vinalopó mientras no llegue agua del Ebro.
Presión desde Europa
A esta compleja situación se suma las presiones que está ejerciendo Bruselas para que el conducto construido entre Cullera y Villena esté operativo lo antes posible y no se convierta en una obra inútil. Y no es para menos. El coste de este trasvase se ha situado en cerca de 400 millones de euros de los que 120 millones proceden de fondos europeos.
El problema que ya ha obligado a la Comunidad Valenciana a dejar bien claro que esta conexión, en ningún caso, será sustituida por la nueva toma.
Llegados a este punto, cabe recordar que la UE estableció como condición para financiar el proyecto del trasvase tanto la recuperación de los acuíferos del Vinalopó y de la Mancha Oriental (Júcar), muy castigados por la actividad agrícola, como acometer la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar. En todos estos casos España está muy lejos de cumplir con los objetivos.
La polémica, con todo, también ha salpicado a Castilla-La Mancha. Según Juan Valera, de Usuj, no se comprende como el plan del Júcar mantiene asignaciones por encima de la recarga natural en el acuífero de La Mancha Oriental, que es hoy por hoy el mayor problema del Sistema del Júcar. "Se ha vuelto a cometer el mismo error que en 1998, utilizar el plan para apuntarse victorias políticas repartiendo un agua que no existe. Los usuarios queremos un plan más técnico y menos político", aclara.
La construcción de la nueva toma desde Cortes de Pallás, según las estimaciones, podría alcanzar los 140 millones de euros teniendo en cuenta que la primera parte de la toma desde Cortes de Pallás ya está prácticamente construida -en 2002 José María Aznar junto al exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas- y que el último tramo hasta Villena sería común con el trasvase ya ejecutado.
En cualquier caso, la marcha de Miguel Arias Cañete del Ministerio de Agricultura, el futuro de la segunda toma se ha quedado sin uno de sus grandes defensores.
