Con el conflicto entre la Autoridad panameña y la adjudicataria ya solucionado, la española y sus socios intensifican los trabajos para tener lista la ampliación de la vía acuática a finales de 2015.
Todos los estamentos del comercio internacional han estado pendientes del conflicto y no es para menos. La ampliación del Canal de Panamá es una cuestión estratégica que pone en juego miles de millones de euros en todo el mundo.
"Aumentar la capacidad de la ruta canalera cambiará la logística comercial tal y como lo conocemos", decía orgulloso hace unas semanas el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, durante una entrevista con elEconomista.
Por eso, cuando a finales de diciembre se anunció que el consorcio encargado de construir el tercer juego de esclusas, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), con Sacyr e Impregilo a la cabeza, amenazaba con paralizar las obras, la noticia corrió en pocos segundos de punta a punta del planeta.
Aunque, efectivamente, los trabajos llegaron a interrumpirse durante algunas semanas, la Autoridad del Canal de Panamá y el GUPC lograron en marzo cerrar un acuerdo para reactivar las obras y posponer seis meses, hasta finales de 2015, la inauguración de las nuevas esclusas.
Con esa fecha marcada en rojo en el calendario, el consorcio ha dado la orden de retomar los trabajos a toda máquina. Hay que recuperar el tiempo perdido y volver a trabajar al 100 por cien para avanzar todo lo posible y evitar que contratiempos que puedan surgir en los próximos meses no pongan en peligro la apertura de las nuevas esclusas.
Lo más duro, con un 70 por ciento de las obras ya ejecutadas, ya ha pasado, pero la prioridad no admite salvedades. No hay que olvidar que países como Colombia o Estados Unidos tienen en marcha programas para ampliar varios de sus principales áreas portuarias con vistas al incremento del tráfico que se generará en el istmo por la ampliación de la ruta acuática.
Otros países, como Japón, con una gran dependencia energética tras la desmantelación de varias de sus centrales nucleares por el desastre de Fukushima, también dependen del Canal para poder llevar a cabo la importación de gas natural. China, Chile, Corea del Sur, Perú o México son otros de los países que más usan el Canal de Panamá.
En total, la vía genera al año alrededor de 1.000 millones de euros en ingresos por peajes mientras que la mercancía que se transporta por esta infraestructura supera los 300 millones de toneladas. Unas estadísticas que prácticamente se duplicarán una vez esté operativo el nuevo juego de esclusas del Canal.
Un problema de sobrecostes
La razón por la cual el GUPC amenazó con paralizar las obras de ampliación tiene que ver directamente con los sobrecostes de 1.200 millones de euros que arrastra el proyecto. Una cifra que hasta la fecha ha sido cubierta por el consorcio con la esperanza de que la autoridad canalera asumiera estos cargos y devolviera el dinero a las empresas constructoras.
Sin embargo, la ACP se ha mostrado más belicosa de lo esperado en la reclamación de este desfase económico, ocasionado por diferentes contratiempos como la calidad de los materiales, peor de lo que se había pensado en un primer momento y que provocó que el GUPC tuviera que importarlos desde otros lugares con los consiguientes gastos de transporte.
Así, el GUPC decidió romper la baraja y aunque finalmente las partes han llegado a un acuerdo para poder terminar las obras dotando de más dinero al proyecto, la reclamación de los sobrecostes se resolverá en distintos procedimientos de arbitraje internacional.
El proyecto de ampliación del Canal fue adjudicado al consorcio de Sacyr en el año 2009 por 2.250 millones de euros. Una oferta que entonces se consideró óptima pese a representar una rebaja de más de 1.000 millones de euros sobre la segunda mejor propuesta, elaborada por la estadounidense Bechtel. Un hecho que ha servido a los más críticos para cargar contra la adjudicataria por la temeridad de su oferta.
